Mientras el país estaba posesionado por los resultados futbolísticos y los inquietantes destapes del caso Odebrecht, nuevamente el Ejecutivo puso en debate un proyecto de Ley que afecta la sensibilidad de los derechos territoriales indígenas.
El Proyecto de Ley 1718 hereda la denominación «Ley del despojo» que le dejara el DL 1333, desestimado por la Comisión de Constitución del Congreso de la República en mayo del presente año, y cuya derogatoria fue observada por el Ejecutivo. Aunque el nuevo proyecto excluye de manera expresa a los bienes inmuebles (léase terrenos) que “se encuentren en tierras y territorios de propiedad y/o posesión de pueblos indígenas u originarios; áreas de reserva natural territorial o reserva indígena”, las organizaciones indígenas ya han empezado a movilizarse para impedir su promulgación. Y es de entenderse, porque en nuestro país aún existen muchas reclamaciones territoriales indígenas que no han encontrado solución final; de modo que tal exclusión no significa que no se vulnerarán los derechos de los pueblos originarios. El proyecto de ley cuenta con dictámenes favorables de la Comisión de Economía y la Comisión de Descentralización, se encuentra próximo a debatirse en la agenda del Pleno del Congreso y, al parecer, su aprobación sería inminente.
El sustento del llamado Pacto de Unidad, colectivo conformado por las organizaciones indígenas es bastante claro al respecto “…actualmente existen más de 10 000 comunidades campesinas, nativas y ribereñas que presentan problemas relacionados a la seguridad jurídica de sus territorios. Además, son más de 3000 comunidades de costa, sierra y selva a las que el Estado continúa negando su condición de pueblos indígenas y originarios al no incluirlas en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura”. No existe data oficial de la extensión del territorio indígena que falta titular, ni del número de comunidades existentes que se hallan en esa situación, por lo que consideramos que la cifra vertida en su pronunciamiento no es muy confiable. Lo cierto es que hay estudios que señalan que del total de comunidades campesinas tituladas, el 61.5% no estaría georreferenciado y lo mismo sucedería con el 93.3 % de las nativas; así que el temor tiene plena justificación. Además, la nueva propuesta mantiene al denominado APIP (Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados) y en su redacción busca evadir el reconocimiento de derechos como el de Consulta Previa, situación que ha sido advertida por los líderes nativos.
La Confederación Nacional Agraria también ha advertido el riesgo que se cierne sobre los pequeños agricultores cuyos predios no están claramente georreferenciados y, en muchos casos, existen superposiciones con concesiones de explotación minera o de hidrocarburos que han culminado en serios conflictos con amenazas contra su integridad, inclusive.
La inversión en infraestructura indudablemente es muy necesaria para el desarrollo del país; sin embargo, esta no puede –ni debe– realizarse atropellando derechos. En el caso de las inversiones en infraestructura con fondos del sector privado, estas derivan en concesiones que generan grandes negocios, y los supuestos «justiprecios» que se otorgan a los campesinos resultan irrisorios en comparación con los beneficios económicos inmediatos y futuros que obtienen los operadores. Es decir, mientras el pobre agrava su situación, los poderes económicos llenan sus arcas con la anuencia del Estado peruano.
Un caso similar ocurre con el Proyecto de Ley 1123/2016-CR, aprobado este 7 de diciembre en el Congreso de la República tras su segunda votación. La norma promueve la construcción de carreteras y trochas carrozables en la región Ucayali y es impulsada por el congresista fujimorista Glider Ushñahua; sin embargo, es evidente que su puesta en vigencia afectará principalmente a las áreas boscosas que serán víctimas de procesos de deforestación agresivos, cuyos otros efectos colaterales no han sido evaluados, pero ya vienen siendo advertidos por los pobladores indígenas.
Como vemos, mientras el país sigue atribulado por la sanción FIFA a Paolo Guerrero “el depredador”, el Estado «distraídamente» tropieza dos veces con la misma piedra para dejar las puertas abiertas a otros depredadores, que son también sigilosos, pero mucho más contundentes.
desco Opina – Regional / 15 de diciembre de 2017
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