Una rápida mirada a la situación de la seguridad en nuestro país en los últimos meses, permite apreciar ocurrencias inaceptables. Más allá de las importantes exportaciones mineras y de la agroindustria –sin ahondar en sus beneficios limitados y excluyentes y en el grosero apoyo que reciben del Estado–, el país se cae a pedazos.
El riesgo permanente y el peligro manifiesto crecen cada día para millones de peruanas y peruanos: a la acostumbrada destrucción por lluvias y huaicos, se suman puentes que ceden y se parten, techos que se desploman en centros comerciales o barrios sometidos al fuego destructor, amén de miles de escuelas en pésimas condiciones de infraestructura y sin servicios a pocos días del inicio del año escolar. Todo ello evidenciando la negligencia, la falta de planificación y de gestión pública que hacen parte del desplome del Estado al que asistimos cotidianamente. Desplome que es acompañado frecuentemente por la indolencia de grandes grupos empresariales que tratan de negar su responsabilidad en algunas de estas tragedias que los comprometen, como se continúa viendo en el caso del Real Plaza, en la capital de La Libertad.
Y es que la seguridad nacional, un poliedro de múltiples facetas, que no se agota en la criminalidad, no puede garantizarse sin la planificación y la intervención desde el Estado, dos palabras prohibidas en el credo neoliberal. Cuando el Estado no cumple este papel, sólo queda comprobar la palmaria distancia existente entre las normas, leyes y reglamentos y lo que cada ciudadano soporta por el mal gobierno generalizado. A esa distancia se suma la impunidad compartida por el Congreso y el Ejecutivo que han aprobado distintas normas que alientan y facilitan la criminalidad y limitan la capacidad del Estado para supervisar la acción de los privados.
La mayoría de las desgracias que se producen en el campo y los centros urbanos, serían absolutamente evitables si las autoridades cumplieran sus funciones más ordinarias y elementales de defensa civil y garantes de la convivencia, la tranquilidad, la salud y la vida. No se trata solo de insensatez o de una barrera ideológica, pues sabemos bien que la corrupción facilita, acelera y profundiza los males que sufrimos en lo concerniente al manejo de los recursos públicos, la ocupación y gestión del territorio y hasta en la administración de permisos y contratos de obras de infraestructura. Son los casos de Trujillo y Lima, ciudades que en las últimas semanas han estado en el foco de las noticias por sendas tragedias.
En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿dónde está la autoridad responsable de la protección de un Centro Histórico reconocido por Unesco como patrimonio de la humanidad? Es inaceptable justificar como clandestina la construcción de decenas de edificios de gran altura destinados a ser almacenes ilegales en lugares donde no se deben construir. Resulta indignante responsabilizar al Poder Judicial por permitir su funcionamiento en medio del silencio municipal. La indignación crece a medida que la corrupción edil y policial permite el paso de camiones que cargan y descargan enormes contenedores, que paralizan el tráfico, e ingresan toneladas de mercadería sin adecuados protocolos de almacenamiento, lo que, como se ha visto, termina como pasto del fuego que los bomberos han combatido heroicamente, claramente solos, durante más de una semana.
El prolongado incendio en Barrios Altos es resultado de su depredación por parte de comerciantes inescrupulosos, que actúan a vista y paciencia de las autoridades para evitar multas o clausuras, mientras PROLIMA maquilla ese entorno, con el arreglo de las fachadas de unos pocos edificios antiguos en medio del caos creciente, conformando un conservacionismo con amplia tolerancia al delito y la corrupción.
Los colegios profesionales de ingeniería y arquitectura, concentrados en sus gestiones gremiales, son directamente competentes en relación a esta problemática, pues a diario tratan con el desarrollo urbano, la gestión de las ciudades y su planificación. Los sectores no corrompidos y democráticos de estas profesiones, son los llamados a ejercer una crítica profunda a las autoridades y a defender los mejores intereses de la ciudad, incluidos sus vecinos y vecinas, especialmente aquellos que resultan directamente afectados.
desco Opina – Regional / 14 de marzo de 2025
