Apenas estrenado en el cargo el presidente PPK formuló «siete mandamientos» para sus Ministros, el primero de los cuales llamaba a «ser incorruptible». No imaginó que el primero en «pecar» sería uno de sus asesores de confianza, Carlos Moreno. El audio filtrado a la prensa, en el que se oye a Moreno describir entusiastamente el «negociazo» de derivar pacientes del sistema público a clínicas privadas no es solo un escándalo de lobby y tráfico de influencias. Es una muestra del lugar que ocupan en el Perú los derechos y necesidades de las mayorías.
La provisión de salud, educación o seguridad –por citar solo tres de las principales demandas populares– es hoy por hoy el campo en el que convergen varios de los males sociales que aquejan al Estado y los servicios que éste debe asegurar. Aún con la alta concentración de riqueza en unos pocos, el crecimiento económico de la última década debió tomarse como la base para construir un país con otros estándares de desarrollo y calidad de vida para todos. Por el contrario, nos ha hecho una sociedad con «emprendedores» como Moreno, que ven por doquier oportunidades de «negocio», aunque se trate de la vida y salud de los que menos tienen.
Por las permanentes denuncias de las organizaciones sociales de salud y por algunos pocos médicos honestos, sabemos que desde hace muchos años los mecanismos para complementar servicios públicos con recursos privados funcionan de modo corrupto y lesivo a los intereses públicos. Pero la divulgación de las conversaciones «empresariales» del exasesor Moreno, muestran que este funcionamiento alcanza el más alto nivel y cuenta son la connivencia sistémica de los responsables de los programas y centros de salud –allí están las menciones a médicos y funcionarios–, quienes comulgan en el tráfico de pacientes y la fijación irregular de tarifas de exámenes clínicos por los que las familias peruanas madrugan en las puertas de los hospitales.
Si bien los reflejos del Ejecutivo no han tardado y el Presidente ha resultado aislado –pero no ileso– de la crisis, lo cierto es que la salida al problema sobrepasa cualquier «control de daños». Incluso la idea de una «reforma profunda» de la salud no escapa de la mirada sectorial con la que nos hemos habituado a responder ante cualquier problema de administración estatal, por no decir a cualquier asunto de interés nacional.
Preocupaciones cotidianas de millones de peruanos y peruanas como son la degradación de la atención pública, el encarecimiento de los servicios privados sin mejoras sustanciales de calidad, o la absoluta incertidumbre sobre si se podrá alcanzar un bienestar mínimamente razonable en el ciclo de vida, se encuentran hoy postergadas por la aplastante ilusión consumista. Esto se cumple tanto para las necesidades de salud como para las de educación.
El sistema de salud peruano lo padecen día a día quienes intentan aliviarse o aliviar a uno de los suyos de una enfermedad. No es ninguna sorpresa. Pero recién recibe toda la atención de los medios y los analistas cuando sus defectos alcanzan al Poder. Porque la agenda pública se define más desde los intereses creados sobre el aparato público y los grandes grupos económico-mediáticos, y menos desde las demandas y la organización de la política desde los territorios, las regiones, las ciudades y las zonas rurales. En un país tan desigual como el nuestro esas demandas debieran integrarse en políticas que expresen la voluntad de disminuir la inequidad, la exclusión y la injusticia social. Pero a cambio, aparecen únicamente como «crisis» repentinas y tienden a ser tratadas de manera asistencialista o populista, como casos que merecen atención por emergencia, por solidaridad, o pura precariedad. Esta es nuestra más grave enfermedad.
desco Opina / 14 de octubre de 2016
