A menos de dos meses de la primera vuelta, antes que debates en serio sobre las propuestas de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República, lo que hemos tenido es una colección de denuncias, escándalos y actos públicos en los que orquestas, bailarinas y ‘chicos reality’ han reemplazado a la promesa política. El otro protagonista de la campaña ha sido sin duda el dinero, ya sea que éste va del político a la gente, como en el caso de las irregulares donaciones de César Acuña infringiendo groseramente la ley electoral, ya sea que va de la gente al político, como ha ocurrido con los sospechosos cócteles y rifas con los que Keiko Fujimori dice financiarse que por su monto inverosímil, hace sospechar que se trataría en realidad de una «lavandería de dinero sucio».
Resaltan, asimismo, las maneras nada institucionales que han seguido la mayoría de partidos y alianzas para decidir sus candidaturas a la presidencia y al Congreso de la República. Cuando en lugar de consagrar prácticas democráticas las exigencias de la ley electoral son tomadas como poco menos que un trámite, queda la puerta abierta para los intereses caudillistas (Alianza Popular) o la mera informalidad (Todos por el Perú) producto de la despolitización de nuestra sociedad y del desprestigio generalizado contra las instituciones de la democracia, esta situación no es nueva. Pero no deja de llamar la atención que sean los propios políticos que participan en la contienda electoral los que estén más lejos de contribuir con la institucionalidad política que formalmente plantean en sus planes de gobierno.
Si queremos preciarnos no solo de nuestro crecimiento económico en manos de capitales extranjeros y lo delicioso de la comida peruana, nuestros políticos tendrían que escapar de la vorágine populista en busca del poder e intentar algún esfuerzo serio por ser un país con ciudadanos que exigen derechos y cumplen deberes. Nunca será tarde para pensar seriamente en ser mejores seres humanos en una sociedad mejor y exigir a los partidos políticos su contribución al desarrollo nacional dando ejemplo de transparencia y lucha contra la corrupción, solo por mencionar algunas características básicas que están obligados a cumplir en el marco de la normatividad vigente.
Las elecciones se han convertido en un carnaval de futilezas y no son para nada un momento de reafirmación de valores cívicos y democráticos. La tremenda despolitización producida en la sociedad peruana a partir de los años ochenta, el serio debilitamiento de los partidos, la aparición fugaz de grupos al servicio de caudillos que solo operan durante los procesos electorales, y la persistente campaña de desprestigio de los métodos democráticos durante la dictadura fujimorista contribuyen a entender esta situación.
Llama la atención como aquellos actores que se encuentran en contienda electoral y que debieran ser los primeros en evidenciar prácticas democráticas y contribuir a construir la institucionalidad política que formalmente plantean en sus planes de gobierno, en los hechos no hacen ningún esfuerzo para afirmar a nuestro país como una sociedad organizada y moderna, capaz de competir exitosamente en el mundo globalizado. Reafirman más bien estilos y prácticas que nos muestran, con vergüenza y dolor casi como «una republiqueta latinoamericana». Perpetuar el asistencialismo y los estilos oportunistas con los sectores más pobres, eliminando del sentido común los derechos universales como el ejercicio libre de la ciudadanía y de pertenecer a un Estado y Nación, a nada bueno nos conduce hace un buen tiempo.
Tenemos por delante la tarea de revisar y escuchar las propuestas de gobierno que se ofertan en los planes, exigirle al periodismo y, por lo menos a un sector de los aspirantes a gobernar nuestro país, a elevar el nivel de esta campaña para elegir mejor entre las opciones que tenemos. De otra manera serán cinco largos años más destruyendo la posibilidad de construir un futuro sostenible de verdad para los sectores populares y el país en general, conducido por quienes la mayoría elija para el gobierno.
desco Opina – Regional / 19 de febrero de 2016
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