Llamémosle liderazgo presidencial, como dicen casi todos pero, aun así, sigue siendo algo muy insuficiente lo que transmite. El presidente Vizcarra sorprendió cuando en su Mensaje a la Nación contempló el referéndum como mecanismo para viabilizar algunas reformas institucionales. Digamos, era el atajo tomado por alguien que está consciente que no tiene una estructura partidaria propia ni nada que se le asemeje. Por ahora, su actitud le ha salvado el cortísimo plazo: logró, mal que bien, una reacción espasmódica, visceral a tono con los malestares del momento, que circunstancialmente le acarrea simpatías, pero nada más. Sin embargo, también se afirmará con mucha razón, que es lo más radical que podía hacerse hoy desde el Ejecutivo.
Digamos entonces, en el mejor de los sentidos, que tiene la idea, pero hubiésemos querido que nos exponga los medios y, sobre todo, los resultados que se esperan y los plazos que se necesitan para lograrlos.
Suena muy bien que nos consulten la conveniencia de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM (adelantamos, todos vamos a decir sí), la reelección de los congresistas (vamos a decir no), transparencia en el financiamiento privado de los partidos políticos (nuevamente, sí) y la bicameralidad del Congreso (nuevamente, no). Pero, ¿qué resultados buscamos? ¿Para cuándo están previsto estos cambios?
Una segunda cuestión es que lo propuesto por el mandatario pasa indefectiblemente por el Congreso y se rige por lo establecido en la Ley 26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, en la que no se explicita ninguna iniciativa presidencial como inicio del proceso. Poniendo de lado las «consideraciones técnicas» que se han expuesto en abundancia durante estos días, poco o nada se ha dicho de la pertinencia política de lo que se busca zanjar mediante la vía plebiscitaria. Al respecto, nos remitimos a la reelección de los congresistas y a la bicameralidad.
En ambos casos, ¿qué buscamos? Si en la no reelección de los congresistas se trata de fomentar mayor legitimidad de las autoridades, deberíamos hacer un balance de, por ejemplo, cuál ha sido el resultado de no tener reelección presidencial desde el 2001 o de haber instaurado ese mecanismo –junto a la segunda vuelta electoral– para las elecciones municipales y regionales desde el 2012, argumentando entonces, que de esa manera tendríamos gobiernos subnacionales más sólidos y menos propensos a la corrupción.
Para algunos, prohibir la reelección de los congresistas atentaría contra la formación de un capital fundamental para ejercer la representación política, como es la experiencia, como afirmaban los que se opusieron a una iniciativa de ley presentada en mayo de este año. De esta manera, plantean sus preocupaciones sobre si tenemos acaso una idea cercana de lo que sería un hipotético Congreso, donde ninguno de sus integrantes tenga experiencia previa.
A este planteamiento se opone la afirmación de que gran parte de los problemas que nos afectan en la dimensión política se debe al hecho de reducirlos a la actuación congresal y haber convertido el recinto parlamentario en un botín que terminamos pagando todos los peruanos y, en ese sentido, los que realmente tienen vocación pública seguramente encontrarán más y mejores vías de expresión y caminos para aspirar a legitimidades más sólidas.
De esta manera, una consecuencia política indirecta pero decisiva para nuestra incipiente izquierda política es que si quiere subsistir, está forzada a ampliar su horizonte político, más allá de las coyunturas electorales, obligando a sus líderes a actuar en otros campos, lo que tendría como probable consecuencia la consolidación de sus organizaciones y la adquisición de una legitimidad social/política más firme.
De igual manera, ¿qué buscamos con la bicameralidad del Congreso? ¿Hay un problema en la representatividad política que podría ayudar a resolver? ¿Podría otorgarle mayor legitimidad a partidos políticos inexistentes?
Dudamos que así sea. Probablemente, las reformas más eficaces en esa dirección pueden ser las menos rimbombantes como, por ejemplo, cambiar la deformadísima manera de «colocar» funcionarios públicos –incluyendo «asesores» congresales– cuyas versiones más sofisticadas de las labores que desempeñan las hemos contemplado en todo su esplendor con los audios y videos difundidos en estos últimos 25 años.
Así, no es cuestión que un presidente del Congreso haga renunciar a su jefe de seguridad como un acto político simbólico, sino que nos digan cómo el referido señor llegó a ejercer esa función. Es decir, la crisis política no se refiere únicamente a los políticos. En esa línea, hubiera sido mucho más importante que el presidente Vizcarra nos dijera, para señalar un punto, cuál va a ser el futuro de Servir antes que simplemente seguir a la indignación popular, lo cual no está mal, pero no es, ni mucho menos, suficiente para gobernar en aguas tan crispadas como las nuestras.
desco Opina / 3 de agosto de 2018
