Si tenemos que resumir en una palabra la sensación que nos dejó la 33 edición de la Convención Minera, es desconcierto. No estamos hablando de su excelente organización, ni del movimiento económico que estimula en Arequipa, sino de muchos de los comentarios y conclusiones del empresariado minero en las conferencias, en los medios de comunicación y otros eventos alternos, cuyo tenor nos hace dudar de la sintonía de este sector con una concepción de desarrollo sostenible para el país. La idea de un empresariado moderno se va al tacho, con lo que leímos y escuchamos durante esos días.
Es innegable la importancia que tiene la minería en la economía peruana, pero lo que aún no puede hacer el empresariado del sector es colocarla en su real dimensión, aplicando en su discurso un poco de autocrítica. Continúa con posiciones maximalistas sobre su poder de contribución en el desarrollo del Perú, alentado por expresiones controvertidas desde el sector estatal, como la del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, duramente criticado por condicionar la vigencia de los derechos al crecimiento económico.
Como bien apuntó el exministro de Agricultura, Carlos Leyton, durante el foro panel Aporte de la minería al desarrollo regional: los excedentes de la minería, el turismo y la agroindustria, a pesar de realizarse en la zona rural, se orientan a atender los problemas urbanos. Justamente, esta es una observación que el empresariado debería recoger y dejar de lado el papel paternalista que ha asumido para acallar rápidamente cualquier protesta en su contra y asumir un rol de socio del desarrollo con las comunidades donde explota sus recursos.
Respecto al tema ambiental, fueron muy chocantes las declaraciones de Luis Marchese, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, desconociendo la existencia de las cabeceras de cuenca como nuestra fuente hídrica, sentenciando que “hablar de `cabecera de cuenca´ es un absurdo. Es un término que no existe en ninguna parte del mundo”, “… resulta que este término es una entelequia: se refiere al lugar desde donde parten los cursos de agua, o sea, donde llueve, y donde llueve es en todo el Perú«. Señaló esto como crítica a la aprobación de la Ley 30640, que ordena a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), desarrollar un marco metodológico para determinar qué es una cabecera de cuenca, porque esto supuestamente desalentaría la inversión. El mensaje que leemos entre líneas es que el empresariado quiere explotar minerales sin que medie ninguna restricción.
En descosur estamos lejos de ser antimineros, pero exigimos al Estado que cumpla un rol más activo respecto a la recaudación de impuestos de este sector. Es momento de hacer un balance sobre la vigencia de las facilidades tributarias y contratos de estabilidad que tiene el empresariado minero. En este sentido, es necesario hacer un análisis de cuáles han sido las ganancias del sector respecto a sus niveles de inversión, viendo además cuánto de ese capital ha ido afuera y cuánto se quedó en el país. Estamos seguros que durante el boom minero –periodo en el que la demanda y los precios de los minerales subieron como espuma– el Estado pudo recaudar más dinero si hubiera ajustado las normas o creado nuevas directrices como un impuesto a las sobreganancias, pero los gobiernos de turno durante ese periodo se acobardaron y se decidieron por medidas más cosméticas como el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo «aporte voluntario». Hacer un balance y un análisis como el que recomendamos, nos ayudaría a tener evidencia para exigir cambios.
En Arequipa y el sur, se localiza más del 50% de toda la cartera de proyectos mineros a nivel nacional. Justamente, es en esta parte del país donde la inversión estatal recibió un fuerte aporte del sector durante el boom minero; pero hemos visto como la corrupción y la ineficiencia de sus autoridades jugaron en contra del ciudadano, desperdiciando esta fase de bonanza. Creemos que la deuda más grande de este periodo ha sido no haber trabajado en la diversificación de actividades productivas y el fortalecimiento del mercado interno, para no ser tan dependientes de la minería e ir creando las bases para un desarrollo sostenible social, económico y ambiental. ¿Se animará PPK y su gabinete a hacer algo al respecto?
desco Opina – Regional / 6 de octubre de 2017
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