La profunda crisis del fujimorismo se agravó con la detención preventiva de Keiko Fujimori, dictada por el juez Concepción Carhuancho días atrás. Si nos guiamos por los sondeos de opinión, la decisión estaba cantada; tras su detención preliminar, 71% de los encuestados creía que aquella estaba justificada, mientras 75% pensaba que existían motivos suficientes para seguirla investigando; días después, 73% expresaba su desacuerdo con su libertad, decidida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Las encuestas mostraban ya el malestar que Keiko Fujimori genera en la opinión pública.
Curioso destino el de la lideresa del partido naranja, que durante dos años, con el concurso de su bancada, se dedicó a demoler nuestro precario sistema institucional con un empeño digno de mejor causa, afectando en el camino su propia viabilidad política. Desde el primer momento, y más allá de la pésima gestión de PPK, el fujimorismo, liderado por la señora K, se afirmó en el Congreso como una fuerza revanchista, sin proyecto y sin propuestas. Tras dos años de torpe y abusiva prepotencia, evidenciaron sin tapujos su desprecio llano por el Estado de derecho. Bloquearon toda iniciativa para fortalecer la capacidad de investigación sobre lavado de activos; buscaron impedir, por lo menos retrasar, la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito, varias de ellas sospechosas de «limpiar» recursos del narcotráfico; hicieron lo indecible por «salvar» al juez César Hinostroza, que todo indica tenía entre sus «hermanitos» a conspicuos integrantes de la agrupación de la señora K y hasta hoy insisten en hacernos creer que el Fiscal Pedro Chávarry es una víctima de su compromiso contra la corrupción, protegiendo su descontrol institucional.
Haciendo de su aplastante mayoría parlamentaria un instrumento a su servicio, acicateados con frecuencia y entusiasmo por sectores apristas, con quienes comparten el interés por blindar a sus respectivos líderes, hicieron del ejercicio legislativo, campo de su arbitrariedad absoluta. No dudaron en enfrentarse con los medios de comunicación mediante una norma inconstitucional que impedía el gasto público en medios privados; abrieron fuego contra el Ejecutivo, pretendiendo «controlar» desde el Reglamento congresal la posibilidad que la Constitución le otorga al Presidente de disolver el Congreso en circunstancias determinadas. Más recientemente aprobaron una ley con nombre propio para permitir que Alberto Fujimori cumpla su condena en su domicilio.
A todas luces, los costos que pagan son altos. Si Fuerza Popular se dividió en la «negociación» del indulto a Alberto Fujimori entre keikistas y kenjistas, aquella sangría inicial, puede convertirse en hemorragia. A las renuncias de Noceda y Petrozzi, siguieron las «licencias» de los actuales integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, la colaboración «eficaz» con la Fiscalía de dos congresistas de sus filas, la renuncia a su cargo de su Secretario General, el cambio de sus voceros en el Parlamento y simultáneamente sus «llamados» al diálogo y la concertación, que nadie les cree. En dos años el partido que obtuvo más del 40% de los votos el 2016 y que tuvo una mayoría aplastante en el Poder Legislativo, asistió a su debacle electoral en los comicios regionales y municipales: no obtuvo un solo gobierno regional, apenas dos gobiernos provinciales en La Libertad, menos del 3% de los votos válidos en Lima y menos del 4.6% en el Norte, sus bastiones territoriales más importantes….
El fujimorismo en general, el keikismo en especial, comparece en distintos procesos judiciales, vive su peor momento electoral y es víctima del descrédito popular, resultados todos ellos, hay que decirlo, de su esfuerzo y de los méritos que acumularon. ¿Alcanza para hablar de su muerte, como creen muchos? Definitivamente, creemos que no, porque el futuro no está escrito.
Ciertamente, el futuro de Keiko está severamente afectado; más allá de si permanece en detención preventiva o afronta el juicio que parece inevitable en libertad, el 2021 se le ha alejado y su liderazgo sobre el fujimorismo está en cuestión. Éste, tendrá que contener lo que parece su desbande, resolver, entre otras, las tensiones entre los históricos y «la botica» y a partir de allí, construirse un nuevo orden y reestablecer alianzas y relaciones que han roto, asumiendo, por ejemplo, la responsabilidad que les corresponde en lo que les ha sucedido. A fin de cuentas, Fuerza Popular mantendrá un peso importante en el Congreso y no dejará mágicamente de expresar a sectores de nuestra sociedad.
desco Opina / 9 de noviembre de 2018
