El rechazo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, se inició con su imprudente anuncio de un mandato hasta el 2026 olvidando que encabezaba un gobierno de transición; continuó obviando el rechazo generalizado que genera el Congreso, así como con la designación de un gabinete tecnocrático, encabezado por un Primer Ministro timorato e indolente que ignorando los distintos malestares y demandas de la sociedad que la situación avivaba, alimentó la explosión social que se inició poco después. El costo hasta hoy, no obstante su compromiso de no más muertes, es de más de cincuenta fallecidos, centenares de heridos y una represión bárbara e indiscriminada como parte de una entente que integran el Congreso, la mandataria y su Ejecutivo, y las FF. AA. y policiales.
El país está de luto por enfrentamientos dónde la acción del Estado incorporó el uso de armas de fuego, disparos a quemarropa, dejando como saldo incluso la muerte de personas que transitaban por las calles y no formaban parte de las protestas, además de varios niños. Asistimos así a la nula empatía de un gobierno que parece secuestrado por una alianza económica y política y una forma de acción basada en la represión y el «terruqueo», sin ninguna estrategia para generar diálogo y construir consensos que respondan a las movilizaciones legitimas.
Carreteras bloqueadas en el norte, sur y centro del país, peruanos exigiendo nuevas elecciones generales, pidiendo el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte son parte de las protestas que se multiplican con las consiguientes pérdidas materiales, heridos y muertos mayoritariamente jóvenes de las regiones más pobres de nuestro país.
La Selva Central y Junín en particular, han sido también territorios de violentas protestas durante las últimas semanas. En la Selva Central los pueblos amazónicos, armados con sus arcos y flechas como expresión de su cultura y cosmovisión, se dirigieron hasta la capital regional para sumarse al paro nacional demandando el adelanto de elecciones para el 2023; numerosas marchas que tuvieron ribetes violentos dejaron fuertes estragos y tres fallecidos, entre ellos un menor de edad y múltiples heridos hospitalizados en Pichanaqui, distrito donde se registraron las movilizaciones más graves.
Se trata de un sector de los pueblos originarios de Selva Central que no se siente representado por el Congreso, ni por el Ejecutivo, protestando por la práctica ausencia del Estado en territorios. El fracaso del Estado Nación claramente denunciado.
Aunque la democracia supone que los políticos actúen por el bien común, no obstante la bárbara represión y las muertes, el Congreso dejó en claro que su agenda hasta las elecciones es la de crear las condiciones que necesitan para continuar en el poder, incluyendo el cambio de las autoridades electorales, reglas más laxas para elegir al Defensor del Pueblo y la bicameralidad para reelegirse, entre otras medidas. La Fiscal de la Nación, por su lado, anunció la reestructuración de las fiscalías que buscaría consolidar la criminalización de las protestas y la posibilidad de juzgarlas como terrorismo.
Todo ello, combinado con diversas medidas que favorezcan los intereses de determinados sectores, como se observa en el caso de las universidades bamba y la recurrente postergación de los plazos para la formalización minera. En otras palabras, antes que buscar un camino para atender efectivamente las demandas de la población movilizada, la preocupación mayor del Ejecutivo fue la de asegurar el voto de confianza del gabinete Otárola, así ésta suponga su abrazo definitivo con las derechas extremas.
En este contexto, la paralización indefinida y las movilizaciones reiniciadas en distintas regiones desde el 4 de enero, tienen como demandas más visibles la renuncia de Dina Boluarte, el “que se vayan todos” y se adelanten las elecciones para el 2023, así como la consulta sobre la Asamblea Constituyente. Esta semana será una de significación; las movilizaciones no cesan y a ellas se han sumado distintos gremios y nuevas organizaciones. En el centro del país, nuevamente distintas vías han sido bloqueadas y los manifestantes tratan de ser retirados por las autoridades, que como en otras regiones, buscan evitar la marcha de las delegaciones que pugnan por llegar a Lima. Las posibilidades de diálogo están muy erosionadas.
Mientras un sector muy mayoritario de la sociedad –indignado con la respuesta estatal de muerte y represión a sus demandas, que no cree en la política y que piensa que los políticos simplemente no quieren irse del Estado– exige acciones urgentes, el Estado parece decidido a continuar en la misma vía de violencia y «terruqueo». Convencido de su propia narrativa, quiere hacernos creer que se trata de la continuidad del golpismo de Castillo, de una turbulencia azuzada por terroristas y vándalos, financiada desde el exterior, sin entender una explosión social que expresa legítimamente el hartazgo de muchos malestares de larga duración, donde se combinan políticas y enfrentamientos de los últimos años con profundas desigualdades y exclusiones tan extensas como nuestra historia republicana. Con toda su fragmentación y complejidad, la calle seguirá tratando de enfrentar la crisis que los poderes se muestran incapaces de atender.
desco Opina – Regional / 20 de enero de 2023
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