Junín es actualmente el sexto departamento con mayor peso demográfico en el país, su población asciende a 1 246 038 habitantes, un 71% de los cuales se concentran en zonas urbanas (Censo Nacional de Población y Vivienda 2017). Como todo el país, Junín no ha escapado al Covid-19, aun cuando las cifras del Minsa lo ubican relativamente menos golpeado, ya que se sitúa en el puesto 12 en cuanto al número de casos detectados y en el noveno en letalidad. La fase ascendente de la pandemia en la región comenzó algo más tarde que en otras zonas, al punto que, al levantarse la cuarentena el 30 de junio, Junín fue uno de los siete departamentos en los que la medida se mantuvo.
Al 22 del presente mes de julio, las estadísticas regionales registran un total de 10 872 casos confirmados de Covid-19, siendo las provincias de Huancayo (6272), Chanchamayo (1474) y Satipo (891) las más afectadas con casos confirmados. Como ocurre en todo el país, la mayor incidencia de casos en el departamento se presenta en las ciudades, tal y como reporta la DIRESA Junín.
En este contexto, las autoridades regionales se han quejado del Gobierno Nacional pues consideran que éste no le presta la atención debida a Junín. Por su parte, voceros del gobierno central en la región, mencionan que sí se le ha prestado atención y se le han transferido partidas hasta por 13.6 millones al GORE, 28 millones a los gobiernos locales y otros 14 millones para la atención a comunidades nativas de la región. Cabe resaltar que, según el portal de transparencia económica del MEF, la ejecución presupuestal del GORE Junín al 22 de Julio del 2020 es del 29.5%.
Más allá de estos desencuentros, la pandemia evidencia el colapso del sistema de salud en Junín y en otras regiones, así como la poca voluntad política para concertar esfuerzos entre distintos niveles de gobierno, perjudicando a la población usuaria de los servicios públicos de salud.
En esta atmósfera tensa, la plataforma regional ha mostrado un rechazo unánime a la forma de actuar del Gobierno Central, porque considera que no hay un trato justo a la región. Es así que se cuestiona la cantidad de ventiladores entregados por el Ejecutivo a Junín, asegurando que a regiones menos golpeadas se les entregó una mayor cantidad de ventiladores mecánicos. Hubo también quejas porque el número de camas UCI se mantiene a pesar de que la demanda ha aumentado en estos días. Cabe resaltar el compromiso de la gran mayoría de autoridades provinciales y distritales en la lucha contra el Covid-19. Un ejemplo de ello es el de los alcaldes de la provincia de Chanchamayo, que han ofrecido cofinanciar la instalación de una planta de oxígeno en la selva central, a pesar de contar con escasos recursos por FONCOMUN. Esto desde luego no significa que todos destaquen por su eficiencia en el cumplimiento de metas en la lucha contra el covid-19, como ocurrió, por ejemplo, con la Municipalidad Provincial de Huancayo que, según evaluación del MEF, no logró cumplir dos de las tres metas programadas.
La sociedad civil respalda la idea de mejorar la atención en salud para enfrentar el Covid-19, exigiendo una urgente concertación entre estos dos niveles de gobierno para mejorar la capacidad resolutiva del sistema de salud regional. El malestar se tradujo en la convocatoria a un paro regional, liderado por la Confederación General de Trabajadores del Perú-CGTP y el Comité de Lucha de la región Junín.
El problema de fondo tiene que ver con las limitaciones de la Ley N° 27783 (Ley de bases de la descentralización), la cual establece las competencias de los gobiernos regionales en la gestión de los servicios de salud pública, que la crisis sanitaria ha evidenciado como inadecuadas. Esta revisión en Salud y otras esferas es parte de una reforma institucional profunda que debe hacerse del Estado, cuyas limitaciones políticas y administrativas han quedado una vez más demostradas y representan una seria traba para el buen gobierno. La solución debe incluir, por tanto, nuevos enfoques y nuevos marcos institucionales como parte de un proyecto nacional con identidades múltiples, que tome como base las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, estableciendo compromisos y consensos donde asuntos como la salud y la educación de calidad sean de acceso universal, desarrollando también capacidades institucionales en los gobiernos subnacionales.
