La ola de corruptelas de Odebrecht que está recorriendo toda Latinoamérica ha puesto en riesgo uno de los proyectos más importantes para el desarrollo de los departamentos del Sur: el Gasoducto Sur Andino.
Tras el comunicado del Consorcio Gasoducto SurPeruano S.A sobre su imposibilidad de lograr el financiamiento que les faltaba para solventar la construcción del proyecto y vencido el plazo para este compromiso empresarial, el Ejecutivo ordenó se ejecute la penalidad de US$ 262 millones al consorcio por incumplimiento de contrato. Con este dinero se continuaría con la ejecución del gasoducto, a decir de PPK, mientras PROINVERSIÓN elaborará las bases para una nueva licitación.
Hasta el momento no hay una versión oficial sobre la revisión de los costos del proyecto, pues pasó de un primer presupuesto estimado de US$ 1.450 millones con Kuntur (que después se elevaría a más de US$ 5 mil millones) a US$ 7.328 millones con el Consorcio Gasoducto Sur. Este presupuesto fue cuestionado sistemáticamente por varios expertos en energía durante años sin una respuesta certera del otro lado. Ahora, a la luz de las coimas confesas de Odebrecht en diferentes proyectos, debe ser una obligación de los funcionarios del Estado evaluar sus costos reales, antes de convocar a un nuevo concurso. No basta con la inclusión de la famosa clausula anticorrupción dentro del contrato, en aras de la transparencia es necesario exigir la revisión técnica del proyecto.
En la nueva etapa del proyecto, al descartar el proyecto de Kuntur, se anunció la modificación del proyecto originalpara incluir un polo petroquímico de etano en el sur, a ser instalado en Moquegua o en Arequipa. Esto se convirtió en la ‘carnecita’ del gasoducto para todo el sur; sin embargo, durante el gobierno de Ollanta Humala, se desechó este esquema en el proyecto, previa ‘mecida’ a las autoridades regionales y colectivos civiles, y se decidió orientarlo principalmente a la generación de energía.
Tanto el presidente Pedro Pablo Kuczynski, como el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, se han comprometido a sacar adelante el proyecto, pero sobre la revisión de los costos y la petroquímica no han dicho nada. Por el momento la única certeza que se tiene es que los usuarios de la energía eléctrica de todo el país dejarán de pagar el subsidio de este proyecto en sus recibos de luz y que comenzarán a llegar las cisternas para abastecer la llamada ‘red virtual’ de gas; partirán de Pampa Melchorita (entre las ciudades de Cañete y Chincha) a una planta ubicada en Arequipa para iniciar su distribución a precios económicos.
Como vemos, son muchos los motivos para poner el proyecto a foja cero, pues hay una necesidad de replantear el esquema del GSA, pues con el diseño de Odebrecht lo que está asegurado es su uso para la generación de energía eléctrica, pero no para abastecer de gas a la industria y a la población de forma masiva, menos para aprovechar el etano en la industria petroquímica. Desde el nacimiento del proyecto, las voces contrarias al mismo señalaban que en el sur no había demanda, que para qué se hacía, y esto parece que fue calando al momento de definir el diseño final del GSP.
Así las cosas, sería el momento de reactivar la Mancomunidad de la Macro Región Sur, que los gobernadores se pongan la camiseta por el Sur y reclamen por la incierta petroquímica, a menos que el famoso Plan Sur de PPK les haya quitado el ímpetu de lucha.
desco Opina – Regional / 27 de enero de 2017
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