Las últimas encuestas, ratifican lo que varios percibían desde la semana anterior: la respuesta gubernamental a la emergencia que enfrentamos, le ha dado réditos inmediatos. La aprobación de un gabinete que finalmente se mostró como proactivo y dinámico en los mismos territorios del desastre, subió 7 puntos, alcanzando un 30%, a la par que veía disminuir su desaprobación en 6 puntos. El Presidente del Consejo de Ministros, que finalmente encabeza la respuesta, también gana 4 puntos y logra una mejor evaluación que su propio gabinete en todas las regiones del país, fortaleciendo su imagen. Es cierto que el Presidente no logra igual crecimiento y por el contrario, su desaprobación se incrementa en dos puntos, pasándole factura por algunas declaraciones contradictorias, como el eventual nombramiento de un zar de la reconstrucción.
En el corto plazo, como resultado de su acción, el gobierno ha recompuesto su imagen, probablemente ha salvado al ministro Vizcarra de la censura y ha recuperado iniciativa, mejorando su comunicación con la gente. La activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), liderado por el Premier y sus ministros, además de ordenar la intervención gubernamental, ha facilitado y mejorado la relación de la actual gestión con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya acción en el desastre es reconocida por la población y mejora indudablemente sus bonos. Individualmente, quien más pierde sin ninguna duda, es el alcalde de Lima, Luis Castañeda, quien ve cómo su aprobación ya no es en caída, sino en desplome. Cae 13 puntos en general, que ascienden a 17 puntos en los estratos D y E.
Nacionalmente, quien pierde sin duda es la oposición, especialmente el fujimorismo, que se ve obligado a ralentizar la estrategia de crítica y demolición a la que parecía encaminarse y se enfrenta, con dificultades, al sentido común que demanda hacer fuerza para unirse al proceso de atención a la emergencia, tanto como a la masiva y espontánea movilización de la solidaridad de la gente, que desborda y esconde la acción clientelar que varias figuras naranjas intentan, fieles a su larga tradición. En el mar revuelto de esta agrupación, quien sale mejor parado es Kenji Fujimori, quien audazmente apareció en el centro de acopio instalado en Palacio de Gobierno, sonriendo con la señora Lange y mostrando un cartel que decía «una sola fuerza», obligando a los «duros» recién llegados (Alcorta y Galarreta), a ensayar confusas explicaciones, como ya ocurriera con el caso Sodalicio.
En este escenario, conviene preguntarse por la sostenibilidad venidera del repunte gubernamental. La reconstrucción que estamos obligados a abordar como país puede ser una oportunidad, pero también una gran trampa de arena. Pasada la emergencia en unas semanas más, la proactividad del gobierno no bastará para responder a las demandas crecientes de las víctimas, que inevitablemente empezarán a encontrarle responsabilidad en los problemas que seguirán enfrentando y, simultáneamente tendrá que responder a las críticas y las denuncias de una oposición que buscará recuperar la iniciativa perdida. Pero también tendrá que lidiar con las exigencias y los malestares de alcaldes y gobernadores regionales, dejados de lado en la emergencia nacional por las autoridades nacionales, pero lo que es más grave, percibidos genéricamente como incapaces y corruptos, olvidando que la procesión atraviesa a todo el Estado, como lo evidenció el vergonzoso caso de la ex viceministra Santa María.
Para que tanto la catástrofe de El Niño Costero, como el huaico de la corrupción hoy día cubierto piadosamente por la emergencia nacional, devengan en oportunidad para el gobierno y el país, es indispensable asumir el virtual colapso que arrastra nuestro Estado desde décadas atrás, tanto como las debilidades y fragmentación de nuestra sociedad, tal como intentara establecer un ministro de este gobierno, semanas atrás. La falta de planeamiento básico, la ausencia de previsión frente a fenómenos cíclicos, el irracional y recurrente desafío a la naturaleza así como el desorden de nuestro territorio, son responsabilidades acumuladas por el Estado a lo largo de décadas. No son ciertamente responsabilidad de este gobierno, pero tampoco se van a resolver simplificando la tramitología, multiplicando las alianzas público privadas sin control, excluyendo a la población de los territorios afectados y a sus autoridades de las decisiones que exige la reconstrucción.
desco Opina / 31 de marzo de 2017
