A poco menos de tres meses de las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre, ya son oficiales las agrupaciones que postularán a la Gobernación y al Consejo Regional. De las 18 listas inicialmente registradas, quedan apenas 7 en carrera. El Jurado Electoral Especial de Huancayo, eliminó definitivamente a 11 de ellas. Al 8 de julio aparecen como admitidos, entrando al período de tachas, Sierra y Selva Contigo Junín, Junín Renace y Junín Sostenible con su Gente. Caminemos Juntos aparecía como recibido, aunque aún no admitido. A ese día ya habían sido rechazadas las listas de Fe en el Perú, Frente de la Esperanza, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú y Perú Libre, declaradas como improcedentes, apareciendo también como inadmisibles las de APP, Corazón Patriota y el Partido Morado.
Por su origen regional y por ser el partido que llegó al gobierno con Pedro Castillo, el caso de Perú Libre es particularmente significativo. Según la resolución 00547-2022-JEE-HCYO/JNE, la lista que se pretendía inscribir de dicha agrupación, se declaró inadmisible el 30 de junio pasado por incumplir requisitos básicos para su inscripción como incluir seis candidatos jóvenes, tres representantes campesinos y la misma cantidad de hombres y mujeres como candidatos a gobernador regional en todo el país (Fernando Orihuela: «Volveré a mi cargo de gobernador si mi candidatura no va»). El «descuido» en el cumplimiento de las condiciones para participar, compartido con la mayoría de listas de los partidos nacionales, no sorprende. Perú Libre, al 17 de junio pasado cuando se cerró la fecha de presentación de las solicitudes de inscripción, tenía registradas apenas 60 listas distritales de las 124 posibles, mientras distintos movimientos regionales presentaron 105, 96 y 94 aspirantes distritales en la misma circunscripción.
Sea como fuere, de las listas y candidaturas que prosiguen seguras en carrera, porque las otras aún tienen derecho al pataleo y la apelación –recordemos que el 3 de agosto próximo será la fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales publiquen todas las fórmulas y listas admitidas en el diario de mayor circulación de la circunscripción correspondiente de acuerdo al cronograma electoral establecido para el proceso–, varias de ellas son encabezadas por figuras que tienen antecedentes, por lo menos polémicos. Son, por ejemplo, los casos de los candidatos Ángel Unchupaico, ex gobernador regional, y Zósimo Cárdenas.
El primero, quien además de una sentencia con prisión suspendida por injurias, registra 17 denuncias presentadas por la siguiente gestión regional responsabilizándolo de colusión, negociación incompatible, peculado y omisión de actos funcionales. El segundo, ex alcalde de Pichanaqui, es investigado por delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, negociación incompatible y contra la tranquilidad pública en la modalidad de crimen organizado, además de que la Contraloría Regional de Huancayo inició dos auditorías por un presunto perjuicio económico de 10 millones de soles durante su gestión como alcalde de Pichanaqui.
En Junín como en todo el país, ciudadanas y ciudadanos están desencantados de los partidos políticos, pero también de los movimientos regionales. Las experiencias recientes en su territorio no avalan ni a unos ni a otros. En ese escenario, el interés por conocer a candidatas y candidatos va creciendo y la gente busca a través de los medios, internet y las hojas de vida, información sobre las y los aspirantes. El temor y el malestar frente al riesgo a una nueva decepción, la sensación de que las campañas se «inflan» de promesas y compromisos que generan expectativas que después se incumplen y que hacen de nuestra democracia un espacio amplio para la frustración y el desengaño, son grandes.
Mayores aún con la reciente información divulgada por la Contraloría General de la República que en su Balance Anual del Índice de la Corrupción (Índice CGR de Corrupción 2021), estima que en Junín, a nivel de gobiernos regionales, provinciales y distritales, el perjuicio económico estimado es de S/ 696 000 091, cifra que ubica a la región, dentro del ranking de las más corruptas, en el 9° lugar, después de Amazonas y por encima de Ica, «encabezando» a todas las regiones del macrocentro.
En Junín, como en todo el país, todo indica que seguimos frente a la misma apuesta de nuestra clase política. Una que apunta a prolongar el registro de agrupaciones sin consistencia, representatividad ni apoyo electoral, que funcionan como franquicias, refuerzan la personalización de la política, la mercantilización de la participación en las contiendas electorales y en las propias campañas y amplían y prolongan la penetración, si no la captura de nuestro sistema político por poderes opacos que hoy, más allá de discursos ideológicos, coinciden en el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos en la obligación de mirar con detenimiento agrupaciones y candidaturas, propuestas y compromisos porque una vez más, nuestro limitado poder, descansa en nuestra responsabilidad al elegir.
desco Opina – Regional / 8 de julio del 2022
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