Recientemente, la expresidenta del Consejo de Ministros pidió que su sucesor César Villanueva, respete el Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio y continúe el trabajo que ella dirigió. En términos parecidos se expresó el congresista Sheput, señalando que el gobierno del Presidente Vizcarra es la segunda etapa del anterior. Sin duda, la ruta que el nuevo gobierno ha de seguir es un tema que preocupa a todos los principales actores políticos del país, considerando la necesidad de que tenga un rumbo claramente definido, que además debe diferenciarlo de la gestión anterior, que renunció para no ser vacada.
Puede discutirse interminablemente sobre la necesidad de que el gobierno se convierta en una segunda fase del anterior o no, pero a la luz de los resultados de los últimos veinte meses, el pedido de la señora Araoz de continuar su trabajo no deja de ser una suerte de autoironía, ya que los frutos de su gestión de seis meses son en realidad bastante magros y la idea de convertir los próximos tres años en una segunda etapa del gobierno de PPK, más allá de la formalidad legal, le haría un flaco favor a la nueva administración.
En el plano económico, lo más visible de la era Kuckzynski fue el bajo crecimiento de la economía, producto de medidas desacertadas como el ajuste fiscal introducido por el exministro Thorne; el «destrabe» mediático, pero no real de los grandes proyectos de inversión pública, incluyendo el simbólico caso del aeropuerto de Chinchero, así como los pobres resultados de la «Reconstrucción con Cambios», entre otros. Todo ello, en un contexto internacional relativamente favorable por el aumento de los precios de los minerales.
Las recientes noticias sobre el incremento de la pobreza en el país parecen ser también, en alguna medida, resultado del trabajo que se reclama continuar. Añadamos a este pobre desempeño, el interés mostrado en promover las Asociaciones Público Privadas (APP) y el mecanismo de obras por impuestos (OxI), favoreciendo a algunas empresas; instrumentos ambos llenos de cuestionamientos, comprensibles entre otras cosas por las famosas adendas.
En el plano institucional, los veinte meses del renunciante presidente no representaron tampoco avances mayores. En este lapso, no hubo ninguna iniciativa para fortalecer la institucionalidad democrática, fomentar la transparencia en el Estado o desarrollar capacidades en los gobiernos subnacionales. Sus tendencias centralistas afectaron a los gobiernos regionales y a las poblaciones del interior. En esa línea se entienden, por ejemplo, el manejo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la decisión de nombrar desde el Ministerio de Salud (MINSA) a los directores regionales de salud, la famosa ley del adelanto social, que contemplaba inversiones en zonas de proyectos extractivos directamente desde el gobierno nacional, entre otros.
Son muy pocos entonces los resultados que el anterior gobierno tiene que exhibir como para que su exnúcleo de poder le reclame a la nueva administración continuidad al trabajo y respeto a un plan de gobierno sin logros de los que enorgullecerse y con pecados mortales como el indulto a Alberto Fujimori y el procedimiento seguido para éste. Las probabilidades de una gestión exitosa los próximos tres años pasan por dejar de lado muchos planteamientos y medidas que el «gabinete de lujo» aplicó. La administración del Presidente Vizcarra debe afrontar varios retos, y las dos prioridades recientemente anunciadas (descentralización y Reconstrucción con Cambios) son un paso en una dirección distinta.
Impulsar el crecimiento de la economía y crear empleo decente supone, entre otras medidas, destrabar los grandes proyectos públicos de manera efectiva y no mediática, con agilidad y transparencia. Retomar la propuesta de diversificación productiva –de hecho cancelada bajo el gobierno de PPK– sería un paso interesante para generar empleo y dinamizar otros sectores económicos y no sólo al exportador de materias primas. Un desafío importante es el de la reforma tributaria; el nuevo ministro de Economía ha señalado que la elusión y evasión tributarias son un gran problema para el país, lo que explica la baja recaudación fiscal y limita las posibilidades de financiar servicios públicos con cobertura y calidad adecuadas. Es por ello clave observar lo que se hará para revertir la situación.
En el plano institucional, la reciente propuesta del Presidente Vizcarra para una reforma política basada en introducir cambios en el voto preferencial, la cifra repartidora y la bicameralidad, más allá de las posibilidades de negociar su aprobación y de su contribución a una real democratización del sistema político, evidencia importante iniciativa.
El desafío mayor es entonces claro; la gestión del presidente Vizcarra va más allá de su antecesor en temas como la reactivación de la economía y la creación de empleo decente, una reforma tributaria para reducir la evasión y elusión mencionadas, la disminución de los niveles de pobreza, la introducción de reformas políticas democratizadoras y descentralizadoras, y el combate contra la corrupción con medidas efectivas e institucionalizadas; o, por el contrario, se resigna a ser la segunda etapa del gobierno de PPK. Falta saber si existirá la voluntad política y la claridad para lograrlo.
desco Opina / 27 de abril de 2018
