La reciente encuesta de GfK, difundida el pasado fin de semana, evidencia la continuidad de las tendencias que venían observándose desde el mes de mayo. La aprobación presidencial llega apenas a 29%, cayendo 18 puntos en un mes, mientras su desaprobación trepa a 56%, incrementándose 22 puntos desde la medición anterior. Los números del Primer Ministro, como ocurrió desde un primer momento, son más duros aún; la aprobación de su gestión desciende a 18%, disminuyendo 6 puntos, mientras la desaprobación llega a 63%, subiendo 9 puntos. El desempeño de los ministros, con sólo 15% de aprobación, completa el cuadro. No obstante esas cifras, 71% cree que el Presidente está gobernando igual o mejor que PPK y 39% piensa que el Premier lo está haciendo como esperaban o incluso mejor. En otras palabras, el desencanto de un público que en ningún momento tuvo expectativas muy altas frente a ambas autoridades, consolidándose la imagen de un gobierno débil, que estuvo siempre presente.
Lo preocupante de la encuesta, sin embargo, no se encuentra en esos datos. En sentido estricto, lo que debe llamar la atención es que Martín Vizcarra y César Villanueva caen 15 puntos en la valoración de los encuestados sobre su preocupación por las provincias, descienden además 12 puntos en la percepción de su cercanía con el pueblo y apenas 10% cree que la descentralización está siendo afrontada bien o muy bien (2 puntos menos que el mes anterior). En otras palabras, lo significativo es que el gobierno empieza a perder parte importante del capital simbólico que apareció como su mayor fuerza para enfrentar la precariedad de su nacimiento.
Sin embargo, para tranquilidad relativa del gobierno, la situación de los principales actores de la escena oficial no es sustantivamente mejor. La aprobación del Congreso continúa cuesta abajo y en rodada, 12%, mientras su desaprobación sube en ascensor, alcanzando el 83%. Su Presidente, empeñado ahora en impulsar un parque temático, como parte de la reescritura fujimorista de la historia de la violencia interna reciente, tiene apenas 13% de aprobación. Al Ministerio Público y al Poder Judicial no les va mejor, mientras todos los principales líderes políticos, desde el silencioso Julio Guzmán hasta Marco Arana y Gregorio Santos, descienden varios puntos en su valoración, Keiko incluida.
El panorama, de cara a las elecciones regionales y municipales tampoco parece mejor. En un escenario en el que el 70% de encuestados cree que su alcalde es corrupto, según la encuesta ya citada, el JNE informó que se presentaron 14 532 listas para los diversos cargos en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, involucrando a 113 469 candidatos; es decir proliferación de aspirantes. En esta ocasión, los partidos nacionales explican la «inflación» de postulantes, destacando claramente APP, AP y Somos Perú como las agrupaciones con mayor presencia, superando largamente a Fuerza Popular que postulará en sólo 613 jurisdicciones regionales y municipales, de las 1800 que estarán en juego.
Como se evidencia cotidianamente, la cantidad de aspirantes sentenciados y acusados es indignante, como lo es y más aún, la situación que atraviesa la ONPE, penetrada por varios funcionarios «reciclados» de los años más oscuros del fujimontesinismo. A fin de cuentas, el descrédito de la política, de los políticos y de las instituciones es un dato macizo. Sucede en el Perú, pero también en el mundo, como lo demuestran las distintas encuestas globales difundidas los últimos 15 días por The Economist, llamando la atención sobre los peligros que rodean a la democracia en el planeta.
Difícil esperar entonces que desde la política, la situación del gobierno empeore. Los partidos nacionales, todos sin excepción, están preocupados por el corto plazo –la mesa directiva del Congreso y la creación de condiciones para llegar con ventaja al 2021– y por atender sus distintas disputas internas, agravadas por los comicios del próximo octubre. Desde la calle y la movilización social, por lo menos en el plazo inmediato, tampoco hay señales claras; el fracaso de la huelga magisterial del sector encabezado por Pedro Castillo –no obstante el mal manejo del conflicto por parte del gobierno– muestra los límites y debilidades de la protesta ciudadana, las dificultades para articular los malestares de la gente, no por fragmentados, menos importantes. A las miserias de la política, se suman entonces las limitaciones de la calle, para entender la tranquilidad que exhibe el gobierno, a pesar de la difícil situación en que lo muestra la encuesta. Por si fuera poco, el panorama económico alentado por los precios internacionales, ha mejorado lo suficiente como para que los principales agentes económicos esperen un crecimiento cercano al 4% en diciembre.
De esta manera, en un escenario plagado de actores débiles y encerrados en sí mismos, la principal fortaleza del gobierno radica en la claridad que tienen en su objetivo de durar hasta el 2021.
desco Opina / 6 de julio de 2018
