La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra la continuidad de las tendencias de la opinión pública que se observan desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte. Su desaprobación se ha incrementado en cinco puntos desde agosto, llegando a 84% y alcanzando hasta 88% en el centro y sur del país. El Congreso se mantiene firme en su maciza desaprobación, que alcanza al 90%, exhibiendo una aprobación de 6%, que se arrastra al 3%, también en el centro y sur del país. La Fiscal de la Nación, otra de las actrices más activas en la política oficial desde que asumió el cargo, además del estilo autoritario y su alergia al seguimiento público, comparte con la Presidenta el crecimiento de su desaprobación que ya está en 65%
La misma encuesta registra la opinión pública sobre la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) impulsada por la mayoría del Congreso de la República, argumentada por varios de los abogados que denunciaron el supuesto fraude el 2021, incentivada por Patricia Benavides, quien le abrió un procedimiento competencial en el Tribunal Constitucional, aplaudida por la mayoría de opinólogos de la derecha, y por otros que insisten en pasar por sesudos y equilibrados demócratas. Sorprendentemente, tres de cada cuatro encuestados, en todos los segmentos de la muestra empleada, indican que la destitución de la Junta afectaría la democracia. Sorprendente, decimos, porque en septiembre, al inicio del proceso en el Congreso, apenas 19% estaba en contra de la investigación sumaria; un mes antes, hay que recordarlo, en la medición de la misma fuente, cerca del 50% de los encuestados no pudo darle un contenido al término democracia y 23% señaló que funcionaba mal y la vinculó con calificativos negativos.
Mientras la opinión pública es contundente, el comportamiento de los involucrados también lo es. La mandataria, dedicada a sus viajes mientras el país amenaza con incendiarse, está convencida que basta con responsabilizar de todo a su exsocio Castillo y hacer anuncios, grandilocuentes y vacíos, para atender la recesión económica, la inseguridad desbordada en su estado de emergencia y El Niño que toca la puerta. Su Premier, involucrado en controversias diarias, insiste en hacernos creer que es apenas un escudero, buscando esconder la incapacidad de su gobierno. Los congresistas, blindándose entre ellos y avanzando decididos a la captura de las instituciones, donde su llave inmediata es la JNJ. La Fiscal, por su lado, acelera las movidas en su interna, castiga a quienes la incomodan en el Ministerio Público y busca liquidar las indagaciones contra sus socios políticos. En esta película, hasta los extras actúan; así, el Defensor del Pueblo se apura en buscar prolongar su encargo y llenar la institución de los clientes de quienes le entregaron el encargo.
Sintiéndose seguros en su impunidad, convencidos que el estallido social que costó 49 vidas por acción de las fuerzas del orden, más de 1000 heridos y una cantidad importante de ciudadanas y ciudadanos judicializados por su participación en las protestas, se creen capaces de imponer su orden y garantizar sus negocios particulares, su permanencia en el poder y la prolongación del ciclo neoliberal. El descrédito de la política, el desapego de ella y la pérdida de contenido de la democracia han terminado por destruir las instituciones y liquidar la representación política, enfrentando a la sociedad con una generación de políticos a prueba de la opinión pública y carentes de cualquier recato, no haciéndose problemas de aparecer en fiestas que comparten con delincuentes y rechazando cualquier posibilidad por lo menos de control de daños, porque pedirles autocrítica es demasiado.
En este escenario oscuro, los próximos días asistiremos al desenlace del intento de destitución de la Junta, como paso previo a la arremetida que seguirá contra los órganos electorales. El pleno del Congreso, a última hora, postergó el debate del informe final, que recomienda su remoción por presunta falta grave, para el 8 de noviembre, fecha sospechosa porque ese día juegan Universitario de Deportes y Alianza Lima la final del campeonato nacional de fútbol. La postergación indica que no tienen los 87 votos que requieren y que las negociaciones entre las derechas continuarán. El dueño de APP, adelantó que su bancada no votará por la propuesta, lo que indica que busca un cuarto intermedio, dado el valor de su palabra, equivalente a un cenicero en una moto. Otros parlamentarios, buscando asegurarse un premio consuelo, estarían replanteando la propuesta, buscando la salida de algunos de los integrantes de la Junta y su reemplazo por quienes ocuparon los puestos siguientes en el concurso de su nombramiento.
Simultáneamente, el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda competencial del Ministerio Público contra la misma Junta por una supuesta vulneración de sus funciones institucionales. El tema de fondo son dos investigaciones preliminares contra Benavides –el cambio en la conformación del equipo que investiga a los “Cuellos Blancos”, donde habría comunicaciones entre la Fiscal de la Nación y Antonio Camayo, así como la remoción del fiscal que investigaba el caso Sánchez Paredes–, vale decir, temas de gestión que no afectan la autonomía de la Fiscalía.
El desenlace de ambas situaciones probablemente terminará en que permanecen en su cargo algunos miembros de la JNJ, pero su conformación sufrirá cambios. En el país es evidente que las encuestas, más aún, la opinión pública, carecen de todo peso para los políticos que actúan hace años guiados por sus intereses inmediatos y blindados por el desapego a la política y la fragmentación de la sociedad.
Para que las cosas empiecen a cambiar, mientras los miles que se movilizaron en los primeros meses del año, especialmente en el sur andino, recuperan fuerzas, encuentran caminos para articularse y compartir su agenda –tema irresuelto hasta hoy–, sumando los nuevos y diversos malestares por la situación económica, la inseguridad, la corrupción y el abuso cotidiano, iniciativas importantes como la Plataforma por la Democracia tienen el desafío de encontrarse con ellos y construir puentes entre su defensa institucional de lo poco que queda de democracia y las demandas más amplias de la sociedad, que lo que exige, en el mediano plazo, más allá de nuevas elecciones, es un contrato social distinto. Lo que está en disputa en el corto plazo, es la derrota de la apuesta autoritaria y antidemocrática que busca asegurar sus intereses individuales y un nuevo ciclo neoliberal.
