El Niño Costero desnudó varias de nuestras falencias como Estado. La población percibió el impacto directo de la corrupción durante esta emergencia al ser testigo y víctima de obras públicas deficientes o sin mantenimiento. El golpe también hizo que la ciudadanía presté más atención al tema de prevención de desastres y a poner el foco en la ejecución del Presupuesto Público para proyectos de este tipo.
El Niño Costero no fue una catástrofe en Arequipa como lo ha sido en otras partes del país, pero sus lecciones sobre la falta de planificación del territorio, en especial en los distritos más populosos donde no se han puesto límites a la expansión urbana, no han calado lo suficiente. Hacemos tal afirmación después de ver el empeño que le ha puesto el alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra, estas últimas semanas al Programa Municipal de Vivienda (Promuvi), lanzado sin una adecuada planificación.
El problema central del Promuvi es la ubicación de estas viviendas. Hasta ahora el municipio no puede asegurar en qué terrenos se construirán, pero las primeras informaciones pusieron en alerta al Ministerio Público, que advirtió que uno de los terrenos estaría ubicado en una zona de riesgo volcánico e incluso el propio órgano de control del municipio ha hecho observaciones por la definición de terrenos.
Toda la información generada tras el anuncio del Promuvi, no ha hecho sino develar una cierta improvisación en la gestión edil. Justamente, este tipo de cálculos políticos ha permitido la invasión, y la posterior legalización de viviendas en zonas donde el peligro es inminente o con pocas posibilidades de acceder a servicios básicos. ¿Cómo podemos responsabilizar sólo al ciudadano/ciudadana por ubicarse en zonas de peligro cuando son visibles una serie de falencias en la políticas municipales?
El congresista Carlos Bruce puso en la mira las malas prácticas ediles en el tema del acondicionamiento territorial y propuso una ley para sancionar a alcaldes que entreguen certificados de posesión –indispensable para tramitar un título de propiedad– en zonas riesgosas. Se sumó otra propuesta de ley elaborada por la congresista Ana María Choquehuanca, para evitar que se instalen servicios básicos en zonas de riesgo. De aprobarse, sería una medida de control valiosa para contribuir a acabar con los favores políticos y las fanfarrias electoreras.
Es indispensable que El Niño Costero deje como lección la necesidad de incorporar la gestión de riesgos en cualquier proyecto de desarrollo a implementar, y si es de desarrollo urbano con mayor razón. Hay presupuesto para prevención y hay que saber usarlo oportunamente.
desco Opina – Regional / 21 de abril de 2017
