La situación generada por la decisión de no firmar la adenda del proyecto Chinchero, terminó con el gobierno atrapado en su laberinto. Tras perder la oportunidad de anular el contrato cuando pudieron hacerlo porque tenían los argumentos legales, optando por continuar con la APP –fuere por razones “ideológicas” (su fe en las alianzas y la inversión privada, convertidas en los esperados actores protagónicos de la futura reconstrucción) o por compromisos adquiridos con la empresa–, se puso la soga al cuello. El sacrificio de Vizcarra, quien apareció renuente a la firma del nuevo acuerdo, además de un duro golpe al Ejecutivo, reabre el fantasma de la vacancia presidencial, porque las responsabilidades administrativas y penales oportunistamente identificadas por la Contraloría, sumadas a los recientes rumores de la vinculación de la otrora candidatura de Aráoz con Odebrecht dibujan un callejón difícil para el gobierno, al que el fujimorismo parece decidido a empujarlo.
A su proverbial falta de recursos políticos, el gobierno le añadió debilidad técnica, que no le alcanzó para esconder los distintos conflictos de interés que tenía en juego. A la visible participación de la hermana del Primer Ministro desde la empresa involucrada, ahora se añade la participación de la Viceministra de Economía, quien fungió hasta antes de serlo, como consultora del otro lado de la mesa. De esta manera el gobierno podría haberse entregado en bandeja al fujimorismo, empeñado en acabar con la institucionalidad existente y organizar su propia “transición” al 2021, delineando un marco normativo a su medida; es decir, haciendo desde el Congreso el trabajo sucio que les facilitará su acción cuando sean Ejecutivo, creando una “institucionalidad” a su imagen y semejanza.
La respuesta al desacierto gubernamental no se dejó esperar. Las exigencias de renuncia de Vizcarra a la Vicepresidencia y la multiplicación de amenazas de interpelación cubrieron los medios y obligaron a una declaración directa del Premier, profundizando la polarización entre el gobierno y la oposición fujimorista, cada vez más marcada por el creciente empoderamiento naranja que continúa en el camino de dotarse de una legislación tendiente a recortar libertades, reducir la aparición de otras opciones políticas y cerrar el sistema electoral, debilitando aún más al ppkausismo.
En este contexto, las declaraciones de Roque Benavides, presidente de CONFIEP, defendiendo la gestión de Vizcarra y su condición de Vicepresidente, así como la designación de los nuevos ministros, fuertemente ligados al mismo sector empresarial, parecen indicar que el mandatario ha decidido echar mano de su principal “sombrilla”, evidenciando muy temprano el carácter de su gobierno y confiando, quizá, en que ese sector sea capaz de aquello que él no ha logrado en diez meses de gestión: establecer un entendimiento mínimo con Fuerza Popular, de manera que el “clima de negocios” que requiere el modelo no se vea afectado, convenciéndolos de que el riesgo de una caída acelerada de la aprobación del Ejecutivo podría arrastrarlos a ellos y al Congreso de la República, generando un escenario impredecible. En otras palabras, la conveniencia de controlar su malhumor, resolver también sus problemas internos y esperar el 2021.
Todo indica que la preocupación y el interés que comparten el Ejecutivo y los empresarios, tiene un mismo norte: la reconstrucción y la viabilidad de los mecanismos anunciados como privilegiados para dicho proceso: las alianzas público privadas y la ejecución de obras por impuestos. En el fondo, el caso Chinchero evidencia los riesgos y límites de un modelo de financiamiento, las APP, además fuertemente afectado por distintos cambios legislativos que no se quiere discutir y evaluar porque, todo parece indicarlo, es parte de la gran expectativa empresarial para “reactivarse” rápidamente y contribuir a la reconstrucción.
Pero también hay que ser claros. La reciente película de la adenda evidencia el fracaso de un sistema de control, donde el organismo responsable se pronuncia públicamente tarde y para salvar su rostro, exhibiendo observaciones que hizo de manera caleta en el pasado para salvar su responsabilidad ante el escándalo inminente. Particularmente grave, cuando quien presenta el informe fue el Sub Contralor en todo el período anterior. No nos engañemos entonces, porque su comportamiento no es garantía de nada.
De cara a la reconstrucción, estamos advertidos.
desco Opina / 26 de mayo de 2017
