Tras el voto de confianza a Mercedes Aráoz, el Gobierno dio la impresión de remontar sus malas relaciones con el Congreso de la República y lo que es más importante, logró mejorar la percepción ciudadana de su gestión. Los 83 votos obtenidos por el nuevo gabinete tras su presentación en el Congreso de la República la primera quincena de octubre y los 8 puntos que «saltó» la aprobación de la gestión presidencial, que llegó al 30% en algunas encuestas, así parecían evidenciarlo; cierto que ayudadas por la llegada de Perú al ´repechaje´ rumbo a Moscú 2018.
El veranillo definitivamente duró poco. Fiel a su terca vocación suicida, el Gobierno se disparó a los pies varias veces en menos de diez días. La crisis del censo 2017 fue el primer clarinazo: cientos de miles de compatriotas que se quedaron esperando al personal voluntario del INEI en Lima y las principales ciudades del país, miles de voluntarios que no recibieron el entrenamiento necesario y que continúan demandando el pago que les ofrecieron, formularios del censo que no alcanzaron, el poco transparente auspicio de una universidad privada ligada a un político nacional y su acceso a información privilegiada, y, lo que es más dramático y censurable, muchos casos de violencia contra los censadores incluyendo la violación de una encuestadora… Todo ello ante los ojos de los desconcertados y balbuceantes voceros del ente estatal.
A la base de este descalabro, una importante institución pública y un proceso que no recibieron la indispensable atención y conducción del Ejecutivo. Un censo que puede llegar a una omisión superior al 5%, porque no se realizó un precenso adecuado –conocer el total de puertas en zonas urbanas–; elaborado con una metodología de puerta por puerta, sin contemplar que mucha de la información levantada ya está en manos del Estado –la RENIEC, por ejemplo– lo que permitía cruzar la data; preguntas mal formuladas, como la de autoidentificación étnica, que excluían opciones importantes como la asiática o preguntas definitivamente sospechosas, que cerraban opciones, como la de la opción religiosa. La lista, que es más larga, nos muestra un Estado de espaldas a la realidad de su sociedad. El resultado no podía ser otro: la renuncia del jefe del INEI y la consiguiente crisis, no obstante la buena voluntad y disposición de la población para participar en el proceso.
La virtual parálisis del proceso de reconstrucción es el segundo ejemplo. La renuncia de Pablo de la Flor y la virtual designación de Edgar Quispe como su reemplazante, es el final de una película que se veía venir. Más allá de las limitaciones del esquema por el que se optó al crear la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) e incluso más allá también, de las tensiones inevitables con las autoridades subnacionales que se derivaban del esquema adoptado, las declaraciones del responsable de la ARCC responsabilizando a las autoridades subnacionales del ostensible retraso de la reconstrucción, provocaron finalmente su renuncia, ante la comprensible reacción de los gobernadores regionales involucrados, quienes en respuesta a sus acusaciones, exigieron su cabeza.
Independientemente de los entretelones de su salida, recordemos que fue convocado por Fernando Zavala y que no era necesariamente santo del entusiasmo de la nueva Premier, De la Flor y el Ejecutivo han obviado en el proceso recorrido, algunos de los rasgos básicos de nuestro Estado. Obsesionados por resolver la «tramitología» que cuestionan las grandes inversiones, mantuvieron la misma para la reconstrucción: para empezar, concursos organizados subnacionalmente que deben ser observados /aprobados por la OSCE en Lima, que tiene 30 días para responder cada trámite y un plazo similar para atender el levantamiento de sus observaciones. A nadie se le ocurrió, por ejemplo, crear un equipo especial y abreviar tales trámites. Una vez más, el Estado a espaldas de la realidad, y los diversos actores políticos jugando en función a sus intereses antes que pensando en las necesidades de la gente. El reemplazo de un exitoso gerente privado por otro, con varios años y gobiernos de experiencia en la gestión pública, no garantiza, por cierto, cambios mayores ni en el enfoque ni en los problemas evidenciados hasta hoy.
Por si fuera poco, haciendo notorio que el nuevo gabinete parece estar interesado en asegurar la continuidad de los errores del anterior, el Ministro de Justicia, argumentando la existencia de evidencia sobre su carácter disuasivo, anunció que apoyaría la pena de muerte para los autores de crímenes atroces, como la violación sexual de menores de edad. Abre así un nuevo debate donde las primeras respuestas ya llegaron de un congresista de la bancada oficialista y del Presidente del Poder Judicial.
En este escenario, como resulta obvio, el gobierno parece decidido a permanecer como el pato en el tiro al blanco. Un pato que alimenta cotidianamente con abundante munición a sus opositores.
desco Opina / 30 de octubre de 2017
