El Congreso de la República ha iniciado la interpelación a la ministra Flor Pablo, usando como coartada el tema de los textos escolares. Será la tercera ocasión en la que el titular del sector pasa por este trámite desde la elección del gobierno de PPK. Recordemos que Jaime Saavedra fue censurado, mientras la gestión de Marilú Martens estuvo a la base de la caída del gabinete Zavala. En el primer caso, se argumentó una compra irregular de computadoras y retrasos en las obras para los Panamericanos; en el segundo, la ministra se puso en la mira del Legislativo en el contexto de una larga huelga magisterial. La arremetida actual, porque de eso se trata, es parte de la estrategia fujimorista que se encuentra con el fundamentalismo religioso más derechista, en su búsqueda de una base social de apoyo que les permita remontar la derrota política que ha sufrido.
Como ha sido certeramente señalado, tras el cuestionamiento a los materiales educativos, a los directamente involucrados en el caso y al conjunto de los contenidos elaborados, se esconde la pretensión de controlar la información a los escolares sobre la sexualidad, pero también sobre el conflicto armado interno. El fujimorismo, en alianza decidida con el fanatismo religioso, a partir de una campaña de desinformación y mentira, busca imponer su visión «provida y profamilia» anunciada por Luis Galarreta en su relanzamiento partidario, así como su particular narrativa sobre la violencia en el país. Lo hace en alianza con los comerciantes de la educación superior en el país, interesados en terminar con el papel de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que los obliga a condiciones básicas de calidad en sus negocios, recuperando el «poder» que perdieron los rectores de las universidades que defienden.
La interpelación a la Ministra, hay que decirlo, es parte del ambiente crecientemente enrarecido y polarizado que se observa en las últimas semanas, donde el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, ingresa a un nuevo capítulo. El retorno de Fuerza Popular a su discurso más duro y de bloqueo a la acción del gobierno –que le costó su derrumbe en la aprobación de la gente– busca aprovechar la debilidad de un Ejecutivo que descubrió tarde que sus problemas de gestión y su debilidad política, exigían de propuestas y capacidades que no se resolvían con un simple cambio de rostros. Sus opositores, es decir, el conjunto de fuerzas políticas en el Congreso, incluyendo a parte de «su» bancada, encontraron espacio para presionar y avanzar en sus diversas pretensiones y en su afán compartido de supervivencia. La multiplicación de la información de Lava Jato y la evidencia del desplome de la clase política tradicional, sirvieron como acicate.
En este escenario, el fujiaprismo y sus distintos aliados de ocasión como los congresistas Sheput y García Belaunde, juegan a consolidar el «poder» del Congreso y a mantener su desprestigio. Bloquear toda posibilidad de reforma política hasta el 2021 y postergar la reforma judicial es su consigna. Golpear al gobierno en su precariedad es el camino, como lo evidenció el patético espectáculo de la asistencia del Ministro del Interior y un equipo policial a la Comisión de Defensa. A fin de cuentas, de lo que se trata es de proteger sus privilegios y de mantener su impunidad, afectados los últimos años, sin duda, por el debilitamiento del partido naranja y de sus socios de la estrella. Desde el Ejecutivo, durar hasta el 2021 sigue siendo la tarea prioritaria.
La pregunta de fondo es si le resultará posible sin enfrentar al Congreso y recuperar formas de encuentro con la sociedad. El Primer Ministro, aunque tardíamente, parece pensar que no, a juzgar por sus declaraciones recientes que evidencian creciente malhumor por la «mecida» de la reforma política y el apoyo decidido a la ministra Pablo. Parece decidido, por lo menos, a una escaramuza grande. Le queda la relación del Ejecutivo con la sociedad. Ésta, distante y harta de la disputa en las «alturas», manifiesta cada vez más los malestares de su situación cotidiana. El conflicto de Las Bambas y los colaterales del corredor minero están lejos de resolverse y la impericia del gobierno no asegura puerto cercano; la inminencia del paro agrario convocado por CONVEAGRO, más allá de su fragmentación, evidenciará la distancia creciente entre el régimen y el interior del país, mientras la inseguridad y la delincuencia que permanecen indetenibles en las grandes ciudades, alimentan la insatisfacción de la gente que no parece dispuesta a movilizarse por una reforma política, que les resulta abstracta, cuando lo que quieren es que se vayan muchos de los que pretenden mantenerse.
desco Opina / 10 de mayo de 2019
