El frenazo en el crecimiento económico del país es ya un tema preocupante. Tres hechos recientes impactan claramente sobre la economía del país y ponen en cuestión el bienestar alcanzado por la gente. Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, afirmó que el gobierno redujo los estimados de crecimiento del país de 4,8% a 3,8% para este año debido al daño provocado por la escandalosa corrupción del caso Lava Jato al involucrar a las más importantes empresas constructoras de Brasil y sus socios peruanos. A eso debe sumarse la parálisis del gasoducto del sur y la manera como se gestiona la construcción del aeropuerto de Chincheros que tuvo su primera adenda al contrato.
Adicionalmente, el PBI del 2017 se encoge más por los daños ocasionados por las lluvias de regular y alta intensidad en la costa norte, la sierra y la amazonia, como fuera pronosticado por organismos estatales como el SENAMHI y el CENEPRED sin que se hayan tomado las mínimas previsiones. Ante ello, siguiendo una penosa costumbre nacional, nuevamente las autoridades municipales y sectoriales han reaccionado sobre los efectos de los fenómenos naturales, ya que no se tomaron las medidas para prevenir y mitigar los desastres, con la consecuente destrucción de bienes públicos y privados, así como la muerte de decenas de compatriotas que pudieron salvarse. A la fecha importante infraestructura de comunicaciones, educación y salud se ha perdido.
El servicio de agua potable viene siendo racionado en muchos lugares del país debido al colapso de los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano. Las principales rutas terrestres para el flujo de alimentos y combustible entre las regiones de la selva, sierra y la costa están limitadas generándose escasez y encarecimiento de los alimentos.
El Estado peruano viene atendiendo la emergencia pero es muy probable que la situación de daños se agrave en los siguientes dos meses ocasionando además, graves conflictos sociales en ámbitos urbanos y rurales producto de la escasa o nula planificación y preparación frente a los fenómenos naturales o la adopción de medidas de planificación y la gestión adecuada del territorio convertido ahora en zonas de desastre. Y si nos ponemos a pensar ¿a quiénes contratarán para la reconstrucción de estas obras?
Ya conocemos como las adendas benefician a las empresas privadas y nunca a la gente, y como se dilapida el dinero público con que se financian estas obras, recaudado a través de los impuestos que todos pagamos. El gobierno dice que ahora invertirá 529.5 millones de dólares en Chincheros, y solo para hacernos una idea de cuánto dinero es, si lo destináramos a pagar el sueldo mínimo de S/ 850 soles mensuales, permitiría generar 192 781 puestos de trabajo nacional durante un año.
¿Quiénes sufren las consecuencias de esta situación? No es el funcionario que gana más de 10 000 soles mensuales y cuya canasta familiar de alimentos comprende solo el 25% de su presupuesto, sino más bien las familias que se sustentan con un sueldo mínimo en el que el 75% de su presupuesto corresponde a la canasta familiar.
Provoca como es usual, hacer un llamado a las autoridades para que asuman su rol de liderazgo y conducción en la atención de la emergencia, pero… basta mirar al alcalde de Lima ausente en la prevención y paralizado para atender las demandas –aunque probablemente sí contento por la prescripción del caso de corrupción “Comunicore” que implica a sus funcionarios– para no insistir vanamente por ahí.
Por ello, hacemos más bien un llamado a los ciudadanos y a sus organizaciones a manifestarse y hacer sentir a las autoridades y funcionarios de los distintos niveles de gobierno nuestra indignación ante el desastre y calamidad a la que nos están conduciendo como país. Los mandantes somos todos los peruanos y peruanas que entregamos un mandato a quienes elegimos democráticamente a través de nuestro voto.
Este 16 de febrero se dará una primera marcha en contra de la corrupción. Lo que sucede en el Perú, en nuestra región y en nuestras ciudades depende de sus ciudadanos y de sus organizaciones, y en la medida en que podamos ser conscientes de cómo la corrupción afecta nuestras vidas, podremos participar y vigilar la acción de las autoridades en beneficio de todos los peruanos.
Empecemos esta vez por conversar con los miembros de nuestras familias sobre lo que sucede en el país y pedirles que opinen, intentemos organizarnos en nuestros barrios en juntas de vecinos o vayamos a activar la organización comunitaria del distrito. El valor innegable de la participación ciudadana es un arma poderosa ante la corrupción y los desastres. Debemos ponerla en marcha ahora que los peruanos solo creemos en nosotros mismos.
desco Opina – Regional / 10 de febrero de 2017
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