Catorce muertos en la provincia de Caravelí por el supuesto enfrentamiento entre dos asociaciones de mineros informales y trabajadores de una empresa formal disputándose terrenos donde extraían oro de manera artesanal, pusieron a Arequipa en los ojos de la prensa nacional. Se ignora que este hecho no es aislado, sino que es recurrente entre los mineros informales que llegan a ésta y a otras provincias arequipeñas atraídos por la fiebre del oro. Según un estudio reciente, en el país se dedicarían a esta actividad 500 000 personas que anualmente producen 24 000 kilos de oro, equivalentes al 29% del total formal, superando los 2500 millones de dólares anuales.
Un hecho conocido en la zona es que muchas personas que consiguieron concesionar terrenos, los alquilan a asociaciones de mineros informales para su explotación, y así hacerse de dinero fácil sin cumplir con las normas (ambientales, laborales, de utilización de tierras, etc.) para iniciar una explotación formal en su concesión. Cuando hay un control ambiental o se registra un hecho de violencia, el concesionario se lava las manos indicando que ha sido invadido sin saberlo, saliendo libre de polvo y paja del asunto. Esta forma de «trabajar» ha sido una gran dificultad para la formalización minera, pues muchas asociaciones no pueden continuar con sus trámites porque no cuentan con los derechos de concesión de la tierra que explotan o quieren explotar. La naturaleza del problema que enfrentamos es clara; el otorgamiento de concesiones no es sólo una fuente de conflicto social al no haber consulta de por medio, sino que lo es por el pobre esfuerzo que realiza el Estado para fiscalizar el uso que se hace o no de los terrenos concesionados.
El 10 de junio el Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días la zona de la masacre, para facilitar el trabajo de la Policía. La Fiscalía contra el Crimen Organizado de Arequipa también abrió investigación, y se han detenido a 31 personas hasta el momento. Una de las hipótesis de la Fiscalía señala como responsable de estos hechos a los directivos de la empresa concesionaría Intigold Mining S.A.; entre ellos a su gerente general, Rossana Calmet Guazotti de Camarero, por supuestamente haber contratado matones para desalojar a los informales.
Las dificultades para esa empresa empezaron el 2014 cuando enfrentó problemas financieros y una investigación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por infracciones ambientales. Un año después, la Dirección General de Minería emitió una resolución administrativa impidiéndole realizar actividad minera en la zona. Desde entonces, valiéndose de vacíos y argucias legales, desconocen la ley de empresas constituidas formalmente y desde el 2016 cobran una regalía a un grupo de mineros informales que en la práctica trabajan para ellos.
Más allá del impacto de este hecho criminal que tiene que ser cabalmente investigado y sancionado, donde se tiene que poner el foco es en la legislación sobre las concesiones mineras. Hay muchos temas por discutir, como la ampliación de las zonas de exclusión para las concesiones, considerando especialmente los efectos del cambio climático, los ecosistemas vulnerables y la expansión urbana. A partir de este caso puntual, se tiene que revisar la legislación respecto a la caducidad de las concesiones mineras en caso de que el concesionario no inicie actividad en su terreno en un tiempo determinado, sea para la exploración o para la explotación; no cumpla con la totalidad de trámites para entrar en explotación como autorizaciones y estudios previos aprobados y la certificación ambiental; o por la inobservancia de las normas laborales y ambientales correspondientes. Intigold Mining, afincada en Lima, registra 17 infracciones ambientales y 15 infracciones laborales y algunos de los mineros informales inmersos en el conflicto han declarado a la prensa que le pagaban 20% en regalías para que los dejen trabajar en su concesión, entregando mensualmente unos 10 volquetes cargados con mineral aurífero.
En el sur se concentra la mayor parte de mineros informales a nivel nacional. Están distribuidos en su mayoría en Madre de Dios, Puno y Arequipa. En este último departamento, 60 000 personas se dedicarían a la minería informal en las provincias de Caravelí, Camaná y Condesuyos. En estas provincias, según el Ministerio de Energía y Minas se han formalizado 37 pequeñas empresas mineras y 638 mineros con derechos mineros reconocidos sobre un área de explotación, del total de inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera – Reinfo. Sin embargo, mientras sigan operando empresas como Intigold y no cambie la legislación de las concesiones mineras en el país, la formalización avanzará a paso lento, y hechos violentos como éste, seguirán sucediendo.
desco Opina – Regional / 24 de junio del 2022
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