Son pocas las oportunidades en que la estructura del poder se manifiesta con transparencia. En el 2000, tuvimos una de ellas. Actualmente, se escenifica otro de esos privilegiados momentos.
Entonces, los vladivideos pusieron a disposición de todos –en modo reality show– la podredumbre política de los años 90. Ahora, los audios del contralor general de la República nos revelan la novedosa manera, que ningún politólogo supuso, de construir nuestro check and balance para darnos sustento democrático.
En efecto, nuestros controles no son procedimientos establecidos, rendiciones de cuentas, autonomías funcionales ni nada que se les parezca. Son chantajes y extorsiones. Cada vez más explícitos, además. Si Montesinos le pedía a un vocal supremo dirimente que incline su voto por Yanacocha, en beneficio de los «intereses nacionales peruanos»; el actual ministro de Economía le dice al contralor simple y contundentemente que «debían convencer» al presidente de la República y así, supuestamente, trocar informe a la medida por presupuesto pedido.
A estas alturas, algo incuestionable es la necesaria renuncia del contralor de la República. El señor Alarcón, aferrado al cargo como si tuviera aun alguna «cuestión de honor» que defender, debiera ponerse de lado. Es cierto que una turbia legalidad le favorece pero dada su posición luego de las revelaciones hechas, debe tomar en cuenta que refiere a la misma legalidad que aparece como deleznable ante los ojos de la mayoría de los ciudadanos, por situaciones como las generadas por su acción.
Por otro lado, si creíamos que Chinchero sería el Rubicón que cruzaría el Ejecutivo en materia de contratos viciados de sospechas, en beneficio de escenarios propicios para la inversión en tanto más sinceros y transparentes, no estuvimos acertados.
Una de las funcionarias implicadas, la ex viceministra de Transportes Fiorella Molinelli, había puesto su cargo a disposición dos semanas atrás al desatarse el escándalo alrededor de la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto cusqueño. Como recordamos, el informe de la Contraloría recomendaba iniciar acciones legales contra ella y otros funcionarios.
Pese a ello, al Ejecutivo no tuvo mejor idea que designarla como flamante viceministra de Vivienda. Todo un monumento al desatino político, cuestionado inmediatamente por la oposición. Como afirma Marisa Glave (FA), «lo que queda claro es que [el Gobierno] va perdiendo legitimidad».
Aun así, las sorpresas no terminan de darse. Por ejemplo, la desconcertante respuesta del ministro de Vivienda, Edmer Trujillo. Luego de destacar las cualidades profesionales de Molinelli, señaló que debía considerarse la presunción de inocencia: «en tanto una persona no esté sancionada ni esté inhabilitada de ejercer un cargo público, no la podemos inhabilitar”.
¿Qué anuncia las formas que adquirió el caso Chinchero? Primero, que es calco y copia de anteriores situaciones en las que antiguas y sólidas aspiraciones regionales terminaron en cuestionadísimos contratos, cuya base es el diseño de las asociaciones público-privadas (APP). Glave apunta hacia esa dirección cuando señala que, en este caso, el manejo desesperado por sacar a como dé lugar una APP que a todas luces llevaba adelante una empresa que no tenía los fondos ni la capacidad para concretar el proyecto, era simplemente una muestra clarísima de que lo que les interesa son los negocios privados y no el interés general.
En segundo lugar, se evidencia claramente el fracaso absoluto de los sistemas de control del Estado y, por ende, la necesidad de iniciar una reforma profunda de éstos. Lo sucedido con el contralor Alarcón es sólo el último capítulo de un larguísimo cuestionamiento a la institución.
En tercer lugar, emerge la sensación de un sistema político reducido al cubileteo de intereses privados en donde la ciudadanía queda completamente fuera de juego. La tensión entre el Ejecutivo y la Contraloría, remite a la que sostiene el Ejecutivo con el Congreso dominado plenamente por el fujimorismo y todo ello envuelto por las presiones de lobbies y grupos de interés que buscan beneficios particulares de los bienes públicos.
Por lo visto hasta el momento, es difícil suponer que el Ejecutivo de PPK corrija rumbos y encaje en fórmulas políticas que al menos respondan al sentido común. Más que penoso es preocupante estos avatares de un gobierno que aún no cumple su primer año de vida.
desco Opina / 9 de junio de 2017
