La corrupción ha cubierto con su negro manto la escena política nacional. Por debajo del mismo, las limitadas expectativas de crecimiento económico caen, como lo hacen varios sectores productivos más allá de la construcción, mientras la inflación de los dos primeros meses del año, supera ya en medio punto la meta anual que estableciera el gobierno en el presupuesto nacional. Los conflictos que se anunciaban resueltos o en curso de estarlo se mantienen vigentes y a los malestares que generan las ostensibles limitaciones de la acción gubernamental en todos sus niveles frente a las lluvias y desastres naturales que nos afectan cíclicamente en esta época del año, se suman aquellos que resultan del incremento de los precios en las semanas de matrículas e inicio del período escolar.
La encuesta del 26 de febrero de GfK da cuenta de la temperatura de la gente. Molesta por la corrupción, pero afectada y viviendo cotidianamente otros problemas también. Así, 52% cree que la corrupción es el principal problema del país, superado apenas por la inseguridad/delincuencia, pero la situación económica del país ya alcanza un 28%, al que podría sumarse la falta de trabajo/desempleo, que tiene un porcentaje similar
En este escenario, que adquiere gran visibilidad a propósito del caso Lava Jato, destapado en Brasil, hasta ahora son las actividades de Odebrecht y el presunto involucramiento del expresidente Toledo, las que han alcanzado mayor notoriedad. En ese marco, desde las distintas tiendas políticas, pero también desde el sector empresarial, el interés mayor parece ser el de alejar los reflectores que puedan vincularlos y orientarlos hacia sus competidores y el gobierno de turno. Muchos de los analistas que circulan por diversos diarios nacionales, preocupados por las implicancias del escándalo para el propio modelo económico que han defendido ardorosamente durante los últimos 25 años, «descubren» ahora al «imperialismo» brasileño y una conspiración de las izquierdas, olvidando que se trata de una estructura corrupta que fue «heredada» y no creada por el PT.
Los empresarios por su parte, la CONFIEP en particular, guardan cauto silencio, que no debe sorprendernos. A fin de cuentas, tienen un exvicepresidente y expresidente de CAPECO también, Lelio Balarezo, que es parte de los múltiples prófugos que tenemos como país. Si sobre ese caso, apenas dijeron poco, sobre el presumible conocimiento de varios de sus asociados acerca de la corrupción que ha caracterizado a sus socios brasileños, hasta ahora no dicen nada significativo. Por el contrario, su preocupación mayor parece centrarse en la defensa del mecanismo de las Alianzas Público Privadas, puesto en debate en esta coyuntura, entre otros, por uno de sus principales promotores a nivel internacional.
Ciertamente son los políticos quienes muestran mayor activismo en la materia, «tirándose dedo» los unos a los otros, materia ésta en la que Alan García ha demostrado una vez más su maestría. Hoy día, ante la opinión pública todos están bajo el manto de la sospecha, –la mencionada encuesta evidencia que una significativa mayoría cree que para la corrupción es indiferente si un gobierno es de izquierda o de derecha, si es democrático o dictatorial, el 67% percibe que los políticos actúan según sus intereses y cree que todos los candidatos son corruptos y esto no va a cambiar (59%)–, y son parte de un río revuelto en el que se mezclan indicios reales, medias verdades interesadas y simples mentiras o «post verdades».
Así las cosas, iniciándose la nueva legislatura, la interpelación al Ministro de Transportes y Vicepresidente de la República por el caso del aeropuerto de Chinchero está en curso. La posibilidad de su censura no parece remota, a pesar del calculado silencio fujimorista, seguramente preocupado no por sus prácticas y vinculaciones con la corrupción de los 90, sino por las ineludibles investigaciones a algunas de sus figuras de hoy a las que insisten en blindar en el Congreso, las investigaciones por lavado de activos de su ex Secretario General, o la participación de Chlimper como representante de las AFP durante largos años en el directorio de Graña y Montero, hoy en el ojo de la tormenta. En este escenario que se va encrespando diariamente, el gobierno se debilita aceleradamente y evidencia los límites para operar políticamente, de los gerentes privados y tecnócratas, no son lo mismo, que ha reclutado.
desco Opina / 3 de marzo de 2017
