A medida que la millonaria inversión de la empresa minera Cerro Verde para la ampliación de sus operaciones se acercaba a su fin, aumentaba la presión para que su contribución con Arequipa sea mayor. Sin embargo, los pedidos de la Municipalidad Provincial y del Gobierno Regional, cada uno por su lado, nunca prosperaron. La empresa manifestó que sus pedidos no eran viables debido a la contracción del precio de los metales en el mercado internacional.
Ante esta negativa, al siguiente año (2016) diferentes autoridades se unieron para firmar un comunicado público solicitando a la empresa que no dilate más el proceso judicial por la demanda que la SUNAT interpuso para que paguen las regalías mineras que no abonaron por el proyecto de sulfuros primarios en los años 2006 y 2009, que asciende a más de 800 millones de soles. La minera argumenta que este proyecto estaba contemplado en su contrato de estabilidad tributaria, por lo que se niegan a pagar este concepto, que por cierto es una contribución no tributaria.
Han pasado varios meses de aquel comunicado, y varios de los argumentos de la minera se han ido desbaratando. El último revés para la empresa fue la resolución contra la Acción de Amparo que Cerro Verde interpuso en la Corte Superior de Justicia de Arequipa para anular el proceso por las regalías impagas, lo que allanaría el camino para que la resolución de esta controversia, que se ventila ya en la Corte Suprema, sea positiva para la región.
Sin embargo, durante una sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, una alta funcionaria de Cerro Verdedeslizó la posibilidad de que, en caso el fallo les resulte contrario, sumarían las contribuciones hechas a Arequipa por el aporte voluntario y otros para saldar el monto en controversia. Así las cosas, parece que la batalla por estos millones se va a trasladar a otras canchas. Hubo un pedido ciudadano expreso al presidente de la citada Comisión para que se abra un grupo de investigación en el Congreso que vea este caso, y dos congresistas arequipeños, que estuvieron en la sesión, han manifestado su interés en él.
A estas alturas, la discusión sobre la contribución de la minería en el desarrollo ya no es una discusión solo de portadas en prensa, sino una más profunda, que debería de estar presente en las preocupaciones de los ciudadanos, en especial los del Sur, donde se concentran muchas inversiones en este rubro. No se trata de solicitar a las empresas que remplacen el papel del Estado; esta forma de concebir la contribución empresarial ha hecho poco más que poner a prueba los principios de los líderes locales (algunos de los cuales optaron por venderlos o alquilarlos) y mal acostumbrar a la población a recibir dádivas que no ayudan a solucionar los problemas de fondo. De lo que se trata es que las empresas abonen lo justo por las pingües ganancias que obtienen por la extracción de recursos no renovables.
Para una mejor contribución al desarrollo hace falta que el Estado corrija algunas medidas tributarias y que se acaben los contratos de estabilidad, pues el contexto en el que se hicieron, es muy diferente al actual. De parte de la empresa, hace falta una mayor transparencia en sus gastos sociales y ambientales y que conecten con los planes de desarrollo locales. También hace falta que los políticos regionales dejen de atomizar el presupuesto con una visión cortoplacista, cosa que no resuelve nada.
No podemos convertir a la empresa minera, cualquiera que sea, en una autoridad más de la localidad. Para empezar, debemos exigirle que no nos haga ‘perro muerto’. ¡A estar atentos!
desco Opina – Regional / 2 de junio de 2017
Programa Regional Sur
