Cuestiones más vendibles porque pueden presentarse de manera más «espectacular», como la declaratoria de emergencia en tres distritos por considerar que la inseguridad ciudadana ha desbordado la capacidad de los agentes públicos que debieran controlarla, pusieron de medio lado la visita al Perú de Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para, entre otras actividades, presentar oficialmente el primer informe económico de la OCDE sobre nuestro país.
El sueño de opio de nuestros gobernantes en la última década ha sido, precisamente, la admisión a dicho espacio, al considerar que así mejoraría nuestra imagen y credibilidad internacional, a modo de un ISO que indicaría al mundo nuestra estabilidad económica, buen gobierno y capacidad para responder eficazmente a las demandas y desafíos económicos y sociales. Esto se vería reforzado porque OCDE, se dice, permitiría el acceso a las buenas prácticas que llevan a cabo los otros países miembros, facilitaría la asistencia técnica y formaríamos parte de una red de cooperación internacional que nos beneficiaría en términos comerciales.
Esta expectativa fue reiterada por la canciller Ana Cecilia Gervasi, cuando afirmó que “el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) permitirá brindar servicios públicos de mejor calidad, así como cerrar brechas estructurales”. Agregó que “la adhesión de nuestro país a dicho organismo brinda un sello de calidad internacional para atraer inversiones que permitan promover un desarrollo inclusivo y sustentable”.
Pero, en extremo diplomático, si bien Cormann refirió que nuestro país avanza a “paso firme” en su proceso de admisión, iniciado en enero de 2022, a renglón seguido desinfló las expectativas al indicar que hay todavía una gran cantidad de pasos que deben darse como los informes que debe emitir una serie de misiones de investigación, otra lista de revisiones de 24 comités de expertos sobre un amplio espectro de temas que incluye políticas públicas, económicas, sociales, ambientales, comerciales, de inversión, gobernanza pública, entre otras. Finalmente, cuando este camino esté recorrido, OCDE dará sus recomendaciones sobre lo que necesita nuestro país para afinar su perfil como socio de este espacio.
Luego, refiriéndose específicamente al informe sobre nuestro país, indicó que necesitamos inmediatamente fortalecer [sic] las oportunidades, restaurar el crecimiento a largo plazo mejorando la productividad y la competencia, hacer progresos en la cohesión social, fortalecer la protección social reduciendo la informalidad, y asegurar que la estructura fiscal y el marco presupuestario continúen siendo sostenibles en el futuro.
¿Qué le preocupa a la OCDE? Fundamentalmente, el crecimiento económico ralentizado, debido al impacto de shocks externos (manifiesto en presiones inflacionistas y alza de precios, que pudieron manejarse gracias al rápido endurecimiento de la política monetaria, esperándose que el BCR mantenga posiciones restrictivas para cumplir con las metas inflacionarias) y las frecuentes catástrofes naturales –intensificadas por el cambio climático– que provocan daños en las infraestructuras, agravan las perturbaciones en la cadena de suministros y contribuyen a la inflación.
En ese sentido, debemos revertir esta situación para generar mejores contextos que permitan satisfacer la demanda de servicios sociales y cerrar la brecha en infraestructura, mejorando la eficiencia del gasto público y elevando los ingresos tributarios. Para ello, debemos implementar urgentemente un programa de reformas estructurales que impulse el crecimiento de largo plazo y permita a Perú “volver a la ruta de la convergencia con los países OCDE, algo que se ha estancado en la última década.
Estas reformas deben privilegiar el fortalecimiento de la independencia y la eficiencia del Poder Judicial y el avance en la digitalización y la interoperabilidad de los sistemas de información de los tribunales. Asimismo, debe implementarse una estrategia integral para disminuir la corrupción, que obstaculiza la capacidad del gobierno para implementar políticas, recaudar impuestos y hacer cumplir leyes y regulaciones.
En esa línea, OCDE también considera que la existencia de una función pública fragmentada, limita la capacidad del Estado para llevar a cabo la tan necesaria inversión pública y prestar servicios públicos de alta calidad. A su vez, es necesario reestructurar la descentralización fiscal y reducir la informalidad.
En fin, como vemos, el Informe de la OCDE no dice nada que no se haya repetido hasta la saciedad durante las dos últimas décadas, sin ofrecer ningún tipo de evaluación sobre el fracaso estrepitoso de anteriores y densas reformas que alguna vez se hicieron en el aparato estatal peruano. Al respecto, ¿no hubiera sido más valioso que nos indicaran sus apreciaciones sobre las causas de los fracasos que acumulamos, en lugar de alentar improbables logros?
Así, como el extraño caso de Mr. Jekyll y Dr. Hyde, la limitada mirada de la tecnocracia neoliberal ha permitido que nos cercioremos de que, en realidad, no era el par antagónico de lo que en su momento denominaba “burocracia mercantilista”, sino su otro yo.
Como señaló el recordado David Graeber, “La ley de hierro del liberalismo dicta que toda reforma del mercado, toda iniciativa del gobierno dirigida a reducir trámites burocráticos e impulsar las fuerzas del mercado tendrá, como efecto final, el aumento del número total de regulaciones, la cantidad total de papeleo y la cantidad total de burócratas que emplea el gobierno.
Además, en este discurso que busca abrumar con sesgos «técnicos» ¿dónde están los ciudadanos y las ciudadanas? Porque, anotamos, la eficiencia en la respuesta del Estado no puede ser, de ninguna manera, solo un indicador que se otorga la propia burocracia para el control de la acción que debe llevar a cabo, sino, sobre todo, la apreciación del que tiene derecho a ser respondido por el Estado en sus demandas y expectativas, es decir los ciudadanos y las ciudadanas.
