a reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) no presenta mayores sorpresas. La aprobación de la mandataria sigue cuesta abajo en la rodada (12%) y registra su porcentaje más bajo desde la instalación de su gobierno en diciembre del año pasado (19%). Su gestión es la peor evaluada desde que se empezaron a medir estas percepciones, y a seis meses de iniciada, el 30.5% de los encuestados califican su gobierno como muy malo. Tan malo, que el 51% considera que es peor que el de Pedro Castillo, porcentaje que asciende a 59% si no consideramos Lima Metropolitana. Es cierto que como inútil consuelo, la señora Boluarte tiene al lado la desaprobación de sus socios del Congreso que asciende a un 91%, incluyendo a la capital, donde alcanza 90%.
Que su gestión es desastrosa, no caben dudas. Sorprende, sin embargo, la narrativa triunfalista de un gobierno que parece creer que reprimiendo los descontentos de la población, buscando el apoyo de las multilaterales y anunciando el reparto alegre del presupuesto –distintos bonos que no terminan de entregarse, el aviso de pago de deudas a los maestros o el supuesto destino de más de 1400 millones de soles para la prevención ante El Niño, así como la visita de los mandatarios del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)–, asegura su continuidad hasta el 2026, escondiendo que la OCDE y otros organismos internacionales redujeron la expectativa de crecimiento del país a 1.7% porque la actividad económica se ha desacelerado drásticamente debido al malestar social, la incertidumbre política y las condiciones climáticas extremas, mientras el BM revela que tres de cada diez peruanos se encuentran en situación de pobreza y cuatro de cada diez son vulnerables ante ella. Con estos resultados, el país enfrenta el peor retroceso social de América Latina luego de la pandemia del COVID-19. La citada encuesta del IEP registra a una pregunta de respuesta espontánea que el principal problema del país es económico (27%), incluyendo economía, empleo, inflación y pobreza.
Peor aún. En ese escenario frágil, la gobernante y su primer ministro, tras sufrir la renuncia de su incompetente ministra de Salud, virtualmente censurada por sus socios de coalición, acicateados por la señora K, nombran como su sucesor a un médico que si no prontuario, tiene por lo menos vasto repertorio: denunciado constitucionalmente por tráfico de influencias agravado por hechos relacionados con un presunto grupo criminal, suma 19 denuncias en las fiscalías de Lambayeque y Cajamarca que le imputan apropiación ilícita, abuso de autoridad, desobediencia y resistencia a la autoridad, fraude procesal, atentados contra la autoridad y extorsión. Además de un despropósito, definitivamente una provocación.
Así las cosas, y estando anunciada una nueva oleada de movilizaciones en la que a las comunidades y organizaciones del sur del país parecen estarse sumándoles otras en distintas regiones que están buscando converger en la simbólica fecha del 19 de julio, no deja de sorprender el talante y el tono autoritario de la mandataria, que en una declaración tan torpe como convencida y amenazante, se preguntó cuántos muertos más buscaban los movilizados, a la par que insistía en el discurso de la inocencia de su gobierno y de la responsabilidad de quienes buscan su vacancia. Segura de que apaga «incendios», como sostuvo en la misma intervención, lanza más combustible a la indignación y el malestar de la gente.
Asediada desde la economía, atemorizada por las movilizaciones que amenazan con crecer y converger, Boluarte se enfrenta también al nuevo posicionamiento de Keiko Fujimori, su principal aliada política, que tras pechar su gestión y demandar el cambio de cuatro de sus ministros, le recordó que el tema del adelanto de elecciones era uno pendiente, que podía resolverse de ser necesario. La presidenta, que días antes había sostenido que se trataba de un asunto cerrado y que su gobierno concluiría el 2026, guiada por su soberbia, le respondió que su bancada presente una propuesta, que de aprobarse le permitiría convocar “alegremente” a elecciones generales”. Sin entender su precariedad, la presidenta abrió fuegos con la reina del cálculo político en la actual escena nacional. Decidida a desmarcarse del costo político de la vinculación con un gobierno que naufraga, midiendo el tiempo de cara al inicio del juicio oral que la espera, la señora Fujimori le hace una advertencia a la Plaza de Armas, adelanta sus fichas en la disputa por el liderazgo de las derechas, porque a ella le conviene el adelanto de elecciones más que a López Aliaga, además de tratar de ocupar el espacio de una oposición política hoy inexistente, porque la que hay es social.
Por si lo anterior no bastara, la aceptación de la mandataria de la mayoría de medios de comunicación, argumentada en el convencimiento de que era mejor que Castillo, acabó por desgastarse. La prensa y televisión concentradas la cuestionan cada vez más abiertamente y esconden menos la incomodidad que les provoca, como lo hacen los militares en retiro, quizá por la imposibilidad de que lo hagan explícitamente los que están en actividad, por el afán presidencial por desmarcarse de cualquier responsabilidad de mando y operativa de las muertes en el sur del país. La señora que intentó todo este tiempo ser la bombera de los incendios que generaba, ha devenido a estas alturas en una incendiaria con poca vergüenza. Su inocultable decisión de durar no alcanza. Lo más probable es que lleguemos al 2026 con otro inquilino o inquilina en la casa de Pizarro.
desco Opina / 30 de junio de 2023
