A semejanza de lo evidenciado en otros ámbitos, las condiciones favorables para que el ejercicio de los derechos de mujeres y niñas de nuestro país sea efectivamente garantizado, no van a producirse desarrollando solamente una buena legislación al respecto.
Es ampliamente reconocido que, en las últimas décadas, la igualdad de género en el Perú ha avanzado en varias dimensiones como, por ejemplo, la educación en todos sus niveles y su mayor inclusión en el mercado laboral: cerca de seis de cada diez mujeres tienen un empleo, una cifra superior a la media latinoamericana.
Aun así, hay grandes desafíos por superar. Como en todos los países, hombres y mujeres no comparten por igual las actividades laborales remuneradas y no remuneradas. Así, si uno de los cambios más importantes en el mercado laboral en las últimas décadas ha sido la disminución en las brechas de participación laboral entre mujeres y hombres, debido al incremento de la participación de las mujeres y en particular, de las mujeres casadas, esto no ha sido suficiente para equiparar su situación con la de los hombres.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dejó constancia que las mujeres peruanas trabajan 9 horas con 15 minutos más que los hombres. Además, en promedio, las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres al trabajo doméstico; así, mientras los hombres dedican 15 horas con 54 minutos a la semana a actividades no remuneradas, las mujeres destinan 39 horas con 28 minutos, es decir 23 horas con 34 minutos más que los hombres. En cambio, los hombres dedican en promedio más tiempo al trabajo remunerado que las mujeres, siendo la brecha de 14 horas con 19 minutos.
Por otro lado, al año 2020, el 36,0% de las mujeres de 14 y más años de edad no tenían ingresos propios, siendo esta proporción 1,8 veces mayor que la de los hombres (19,7%). En esa línea, la brecha más significativa se presentaba en las mujeres del área rural, donde 33,6% de ellas no tenían ingresos propios, mientras que, en el caso de los hombres, era el 11,4%.
La falta de autonomía económica implica ausencia de ingresos propios y determina una mayor pobreza individual. Los perceptores de ingresos propios, con frecuencia tienen mayor poder de decisión sobre el destino que dan a sus ingresos, mayores posibilidades de reservar parte de su dinero para gastos individuales y mejores posibilidades de enfrentar su manutención, especialmente si hay cambios en la conformación familiar de origen.
En suma, en promedio, durante los últimos 10 años, el ingreso promedio mensual de la mujer peruana ha sido menor en 33,5% al de los hombres.
Incluso cuando trabajan por una remuneración, las mujeres peruanas tienden a estar sobrerrepresentadas en el sector informal que, en nuestro caso, es relativamente grande, lo que crea una barrera que les impide acceder a trabajos más productivos, mejor pagados y de mejor calidad. Con un 75%, la tasa de empleo informal de las mujeres trabajadoras es significativamente más alta en el Perú que en el resto de América Latina.
Al mismo tiempo, es más probable que las trabajadoras perciban un ingreso bajo y menos factible que asciendan a puestos gerenciales. Además, es mucho menos probable que las niñas estudien en los campos más lucrativos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
¿Qué debe hacerse? Seguramente, cosas que son del conocimiento general pero que nunca se han colocado entre las prioridades de los gobernantes como garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas, proporcionando apoyo adicional a niñas vulnerables y madres adolescentes, y recompensando los beneficios de completar los estudios.
Además, se requiere implementar una política de promoción al acceso de las mujeres a roles de liderazgos y gerenciales; proporcionar incentivos en el mercado laboral formal para la atracción de trabajadoras; apoyar las iniciativas empresariales de las mujeres, facilitándoles la formalización y el acceso a servicios indispensables para la sostenibilidad del emprendimiento que llevan a cabo.
