En el actual contexto de polarización escuchamos permanentemente que hay que dejar de ver las cosas entre negro y blanco, entre buenos y malos. Si bien hay zonas grises que debemos transitar para mediar, hay casos en los que eso es imposible. Uno de ellos es la Minera Aruntani, que desde hace más de una década viene contaminando la cuenca de Llallimayo en Puno. No ha habido mesa de concertación y/o protesta que consiguiera cerrarla o que logre abrirle un proceso por delito ambiental.
Hace unos días la Dirección General de Minería (DGM) ejecutó las garantías de la empresa minera por US$ 10,3 millones con el fin de remediar la contaminación provocada por las actividades de extracción de oro en su unidad Arasi, ubicada en la provincia de Lampa (Puno). Esta garantía fue ejecutada porque la empresa no cumplió con el plan de cierre progresivo de la operación minera. Sin embargo, el monto de la garantía no es suficiente para el remediar el daño ambiental causado, pues según un estudio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se requiere la suma de US$ 265 millones para hacerlo.
Aruntani se ha lavado las manos. Informó que, tras la ejecución de la fianza, la responsabilidad del cierre recae en el Estado, pues de acuerdo a un artículo de la Ley de Minería, sería la DGM la encargada del cierre mediante la asignación de otra empresa para dichos fines.
Esta misma figura fue usada en agosto de este año para librarse de la responsabilidad por la contaminación del río Coralaque (Moquegua) y del río Tambo (Arequipa), esta vez por sus operaciones en su unidad Florencia Tucari, ubicada en Moquegua. Al no cumplir con el plan progresivo de la mina, en el 2019 la DGM ejecutó la garantía por US$ 8,4 millones, contratando a la empresa AMSAC para que realice dos tareas: labores de atenuación y diagnósticos técnicos sociales, tanto en Florencia Tucari como en la unidad Arasi, pero no para efectuar el cierre de la mina. AMSAC aclaró que esto no forma parte de su contrato y que las acciones de cierre demandarían una inversión que supera los S/ 1000 millones.
Respecto a esto último, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que existen dos resoluciones del Poder Judicial, ambas en materia de Amparo Constitucional, que señalan que Aruntani S.A.C. mantiene la responsabilidad de cierre, mitigación y remediación ambiental de la mencionada unidad minera Florencia Tucari. Es previsible que, para el caso de Puno, el Ministerio de Energía y Minas recurra a los mismos trámites judiciales para que la empresa cumpla con remediar el manejo irresponsable de sus operaciones.
Y en Melgar (Puno), el gobierno estudia la posibilidad de declarar la emergencia ambiental por la contaminación hídrica de la Cuenca Lllallimayo. El Ministerio de Energía y Minas se ha comprometido a transferir S/ 4,6 millones para trabajos de derivación de aguas en cuatro distritos de la provincia: Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri.
Si bien los últimos veinte años el Estado ha hecho un esfuerzo por crear una legislación ambiental que vaya acorde con el incremento de inversión minera en nuestro país, es evidente que hay deficiencias. Los autores del libro Desarrollo Territorial y Minería, apuntan como problema que estas políticas tienen una visión muy sectorizada y carecen de una articulación efectiva entre autoridades del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. A ello se suma la fragilidad de la institucionalidad en el país, con funcionarios que son rotados continuamente de sus puestos y un ministerio –el MINEM– con un trastorno disociativo que alienta la inversión minera a ultranza y, al mismo tiempo, tiene que controlar su accionar. Un claro ejemplo es Rómulo Mucho, a quien la propia Aruntani le arruinó la campaña pro Tía María, cuando las aguas mostazas del río Coralaque tiñeron las del río Tambo, dejando a la población del valle sin agua potable y sin agua para riego.
Del otro lado están las empresas que, salvo excepciones, sólo piensan en sacar los mayores réditos posibles, aprovechando resquicios en los vacíos normativos y en la debilidad estatal para hacer un efectivo control ambiental. En vez de reconocer sus faltas, judicializan sus deudas y ejercen una fuerte presión para flexibilizar la normativa existente. Según el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados por el OEFA – RUIAS, existen 5718 infracciones en el sector minería, que representan el 26,8% de los ocho sectores económicos a los que hacen control. Estas infracciones suman alrededor de S/ 959,5 millones en multas, cifra que representa el 61% de la deuda de todos los sectores administrados.
El pasado viernes 1 de noviembre, el gobierno publicó de manera extraordinaria el Decreto Supremo Nº 009-2024-MINAM para reorganizar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), organismo que evalúa los estudios de impacto ambiental de las empresas interesadas en explotar los recursos en nuestro país y aprueba su viabilidad. El objetivo de esta reorganización es “destrabar” las inversiones haciendo uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta iniciativa resulta ser un despropósito que viene siendo criticado por exministros de diferentes carteras y por el expresidente del organismo en cuestión, Alberto Barandiarán, quien ha calificado al accionar del Ejecutivo como una “clara interferencia de la autonomía y gestión medioambiental”. Esta es otra muestra de cómo se quiere afectar el control ambiental en pro de la inversión.
Así las cosas, el Ejecutivo y el Congreso parece que seguirán promoviendo políticas a favor de las empresas extractivas, sin que medie una preocupación real sobre el medio ambiente en plena crisis hídrica. Los CEO de las industrias extractivas seguirán facturando cómodamente desde sus mullidos sillones en algún barrio acomodado de Lima, a costa del bienestar de cientos de personas que vienen siendo afectadas en sus formas de vida y en su salud, pero que, por la distancia geográfica que las coloca fuera del foco de influencia en la opinión pública capitalina, pareciera no importar.
desco Opina – Regional / 8 de noviembre del 2024
