Resulta inaceptable lo que ocurre en el gobierno nacional y el Congreso de la República, pero parece peor lo que puede estar por venir.
Si tuviéramos el Estado en nuestras manos, es solamente un decir, si controláramos los gobiernos municipales, las regiones y por cierto el Poder Ejecutivo y el Parlamento, la crisis se estaría administrando de otro modo. Hay un amplio sector de la ciudadanía que lo haría de manera distinta. De lo contrario, el gobierno tendría otro nivel de aprobación y no el enorme y ascendente rechazo actual. Si hubiera partidos políticos negociando en el escenario nacional y diálogo, podríamos participar en un juego democrático.
No se diría, como lo expresan comúnmente los canales de televisión nacional y los diarios, que muchos de los problemas de inseguridad que tenemos son por la violencia del comunismo terrorista y la masiva presencia de inmigrantes venezolanos. No se haría un escándalo en un vaso de agua por el tema Polay, jugando con los miedos de un sector de nuestra sociedad a partir de un caso que tiene más de 15 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco es la Corte.
En cuanto al narcoterrorismo, son específicamente un grupo muy pequeño y sin ningún proyecto político trabajando desde hace veinte años como fuerza de choque de las bandas internacionales de drogas y de cientos de grupos de narcotraficantes pequeños, muchos de ellos mochileros individuales. Son muchos más los policías y soldados en la zona (en las bases contrasubversivas instaladas por el ejército con presencia de tropas extranjeras) que la totalidad de los llamados terroristas cuyo número es incierto, pero se calcula que no llegan a quinientos militarizados como fuerza combatiente. Sabemos, por el contrario, que los principales actores que operan en el VRAEM y ahora en otras regiones del país como la fronteriza con Brasil, son traficantes de cocaína con gran poder económico y creciente autoridad política, que actualmente producen más de mil doscientos millones de dólares anuales, comparables a partes importantes de nuestra agroexportación nacional.
No obstante, es difícil imaginar como posible conformar prontamente un gobierno capaz y oportuno para tomar en serio las previsiones indispensables ante el MEGA Niño que está por llegar y que podría producir, durante los próximos meses efectos perjudiciales en la economía, en particular en la producción agrícola. Nuestra desconfianza ciudadana y la falta de compromiso y proactividad con los temas del poder nos están condenando por adelantado a soportar la devastación nacional que dejará el fenómeno climático a presentarse los próximos meses, ya pronosticado en exceso por la comunidad científica internacional. No existe ninguna movilización nacional para prepararnos a enfrentar con algún éxito este fenómeno climático que nos golpeará.
A lo anterior se suma la creciente crisis económica internacional cuyos efectos ya impactan en el Perú en consumo, inversiones y exportaciones. Los gobernantes saben bien que esa debiera ser la verdadera prioridad nacional en este momento y no la importación de limones o cambios en el menú para calmar los ánimos de los consumidores.
Ignorando las demandas del país, el gobierno Boluarte/Otárola está terminando de destrozar lo poco que habíamos avanzado en tener un mayor desarrollo nacional de los derechos ciudadanos, en un manejo presupuestal con alguna preocupación por mejorar la salud y la educación en un clima de cierta confianza en el futuro. Un futuro que ahora es totalmente incierto.
En la actualidad el empobrecimiento de la población ya supera al 30% de los ciudadanos del país y los datos económicos y las proyecciones nos llevan a especular que en el año 2024 tendremos un decrecimiento más acelerado del que ya ha mostrado el PBI durante el presente año. Las cifras de un PBI con un signo negativo muestran sin tapujos el empobrecimiento en que ha caído el país.
La salida política a la crisis pasa por reconocer que es inaceptable en una democracia que sus gobernantes, deslegitimados hace mucho tiempo por su innegable mal desempeño, persistan en negarse a realizar los cambios que urgen. Lo que percibimos es más bien el aceleramiento del proceso de desinstitucionalizar el Estado, que es la manera que han hallado para asegurar su permanencia y estabilidad como congresistas e integrantes del poder Ejecutivo, en abierta alianza autoritaria.
La salida sin explicaciones de cuatro ministros y el cambio de carteras en dos más, revela los ánimos con los que se gobierna y la confianza alcanzada entre una mayoría oportunista y conservadora en la avenida Abancay y el cogollo formado en torno a Otárola / Boluarte para mantenerse en el poder hasta donde se pueda.
