Han transcurrido casi cuatro meses desde el naufragio del proyecto castillista y la instauración del gobierno de Dina Boluarte, auspiciado por una interesada alianza de congresistas ultraconservadores, las Fuerzas Armadas y retazos de Perú Libre, como el bloque magisterial o Perú Democrático, así como otros parlamentarios defensores de los privilegios congresales a cualquier costo. Han corrido también casi tres meses desde los 19 muertos en Juliaca, como parte de una brutal represión desatada con el propósito de sostener un gobierno y un régimen profundamente rechazados por la mayoría nacional. A la fecha, suman 62 las víctimas de la represión indiscriminada, 49 asesinados o víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que son motivo de condena internacional, a pesar de que no hay responsables políticos y que las investigaciones fiscales para el establecimiento de las responsabilidades penales son lentas, pese a la abundante evidencia. Cabe apuntar que ni siquiera se han efectuado las reparaciones anunciadas desde el gobierno para los deudos, según los testimonios de los participantes del Foro Macrorregional realizado en Cusco el pasado 16 de marzo, que congregó a representantes de la sociedad civil de las regiones del sur y especialmente una numerosa delegación de Puno.
El estallido social que remeció todo el país puso sobre la mesa problemas muy profundos que se mantuvieron en estas últimas décadas de instauración del régimen neoliberal, soterrados y ocultos debajo de la verdad oficial de un Perú que marchaba incontenible a integrarse al club de los países más desarrollados, agrupados en la OCDE. Éramos la envidia de nuestros vecinos latinoamericanos por nuestras altas tasas de crecimiento del PBI y por la baja inflación, pero la realidad interna siempre era otra.
Las frustraciones acumuladas por las promesas de cambio incumplidas por todos los gobiernos, la caída del empleo, el aumento de la pobreza, el agravamiento de la crisis política y la captura del gobierno por la derecha, provocaron la mayor movilización social de las últimas décadas en todo el país, generando un mayor despliegue de las regiones de la Macrorregión sur, particularmente la región Puno, con la emergencia identitaria de las poblaciones aymaras y quechuas. El fracaso de la descentralización y la consolidación del centralismo limeño acrecentaron las brechas históricas, que son especialmente sentidas en el sur peruano.
La reivindicación explícita de las matrices culturales expresadas en la protesta, colocó en la agenda el tema no resuelto por la República, de la construcción de la nación peruana con su diversidad y la necesidad de acabar con la marginación y opresión de las poblaciones originarias, que existe desde la Colonia.
La combinación de estos factores devino en el establecimiento de una agenda reivindicativa eminentemente política, a pesar de la ausencia de una dirección política en el movimiento, que ha sobrepasado las tradicionales direcciones gremiales y a los partidos de izquierda. La demanda de inclusión y cambio se expresa en la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la consulta para la convocatoria a una Asamblea Constituyente que establezca las nuevas reglas de convivencia en el país.
En todo el sur peruano, la protesta social ha sido protagonizada significativamente por la población rural y comunera que ha establecido las condiciones de la paralización y movilización en sus respectivos territorios, sumándose las y los trabajadores agrícolas y pequeños agricultores en los valles costeros e irrigaciones, así como las poblaciones marginales de las ciudades, aportando también los contingentes de jóvenes y mujeres que se desplazaron a Lima para movilizarse en los centros del poder. Este proceso ha significado un gran despliegue de solidaridad y la capacidad de sacrificar los limitados recursos familiares para sostener los justos reclamos. La decidida participación de las mujeres en las movilizaciones en todo el país es una gran lección y da cuenta de los avances en la lucha por la igualdad y la participación política.
A estas alturas, las poblaciones se han replegado en la mayor parte del país mientras la resistencia en Puno se mantiene como un llamado a la conciencia nacional en demanda de justicia. La zona aymara ha decidido mantener la paralización total, mientras la zona quechua viene realizando «paro seco», esto es, paralización total los días martes. La lucha continúa enfrentando a un Congreso de la República repudiado por el 91% de la población y a un Gobierno rechazado por el 78% de los ciudadanos, según los últimos sondeos de opinión. Estamos pues ante un Congreso y un Gobierno ilegítimos a pesar de una legalidad que ellos mismos se encargan de vilipendiar cotidianamente.
Ante la continuidad y profundización de la crisis política, las organizaciones sociales y comuneras del sur peruano en las conclusiones del Foro Macrorregional del Sur, han reafirmado la plataforma de la que damos cuenta, demandando al mismo tiempo el pronunciamiento de las nuevas autoridades regionales y municipales, así como su participación activa promoviendo la unión de las regiones de la Macrorregión que recientemente han constituido una mancomunidad, para dar una salida a la crisis y emplazar a las representaciones congresales regionales a atender las demandas de la población expresadas en la plataforma de lucha, en lugar de defender sus privilegios pretendiendo mantenerse hasta el año 2026.
desco Opina – Regional / 31 de marzo del 2023
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