La primera etapa de este proyecto estratégico para la región Arequipa logró poner en producción 15 000 hectáreas de cultivos, arrancadas al desierto al costo de 1300 millones de dólares, lo cual ha sido motivo de un permanente cuestionamiento por tratarse de la habilitación de tierras más cara del mundo en esas condiciones. Sin embargo, hay que señalar que en estos costos se incluye la gran parte de la infraestructura hidráulica (represa de Condoroma, 97 Km de canales con capacidad de transportar 36 m3/s de agua, bocatomas y otras obras), necesaria para la ejecución de la segunda etapa que permitirá la incorporación de 38 500 hectáreas adicionales.
La segunda etapa del proyecto Majes comprende: la represa de Angostura (1140 millones de m3 de capacidad), el canal de derivación Angostura-Colca (18.4 km), la bocatoma de Lluclla (30 m 3/s), el canal de derivación Lluclla-Siguas y el sistema de distribución (38 500 ha). Su objetivo es generar 90 000 empleos permanentes en la agricultura y 100 000 en actividades conexas, a lo que habría que agregar alrededor de 10 000 empleos en la fase constructiva de la infraestructura hidráulica y las centrales hidroeléctricas previstas con capacidad de generación de 540 MW, importantes para asegurar la cobertura de la creciente demanda energética.
Como en muchas obras públicas, el vía crucis de este proyecto en la segunda etapa comienza con la injustificada oposición de nuestros vecinos del Cusco en el año 2013, argumentado “el impacto ambiental negativo” que tendría porque los dejaría sin recursos hídricos para irrigar sus territorios. En el fondo, esta oposición tenía a la base fundamentalmente, expectativas políticas de corto plazo determinadas por los diversos procesos electorales en curso tanto a nivel nacional, regional o local. Una politización distorsionada del proyecto tenía como resultado que los partidos políticos desnudaran su falta de visión territorial y de largo plazo, dando lugar a que los partidos políticos de derecha e izquierda, opinaran de manera opuesta en Cusco y Arequipa. La tradicional rivalidad entre las dos regiones se exacerbó. En esta pugna, el proyecto se judicializó cuando la Municipalidad de Espinar logró una medida cautelar que paralizó el proyecto estableciendo la obligación de realizar un estudio de balance hídrico, que se hizo en convenio entre UNOPS y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con supervisión del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El estudio confirmó la viabilidad técnica y ambiental del proyecto, a pesar de ello se mantuvo la oposición de Espinar al mismo.
A esto, se han sumado las dificultades y problemas en la gestión del proyecto a cargo del Gobierno Regional de Arequipa. Guillén Benavides focalizó su accionar en los aspectos judiciales. Yamila Osorio, suscribió doce adendas que elevaron significativamente el presupuesto original y, según los especialistas, desnaturalizó el proyecto por incrementar indebidamente la participación del Estado en beneficio de la empresa concesionaria, vulnerando los términos del contrato original. Y la gestión de Cáceres Llica, que durante la campaña de su elección tenía como bandera central la no suscripción de la Adenda 13, que significaba otro incremento en el costo del proyecto en 104 millones de dólares.
Sobre este último punto, hasta hoy se mantiene una gran controversia en la región entre quienes argumentan que este pedido de la concesionaria es improcedente por cuanto no está suficientemente demostrada la justificación técnica del cambio de diseño y porque adicionalmente, el contrato de concesión establece expresamente que la variación técnica contemplada como posibilidad al momento de suscribir el contrato “no modificaría el presupuesto o aporte del gobierno”. La falta de aprobación de la Adenda 13 hasta el momento, es el factor detonante de la situación actual del proyecto.
Han transcurrido más de diez años desde la suscripción del contrato de concesión en diciembre del 2010 con el Consorcio Angostura Siguas, el costo inicial del proyecto se elevó en el año 2015 a US$ 550 millones de dólares y estaría pendiente su incremento en 104 millones adicionales según la exigencia de la concesionaria, más otros costos por la paralización del proyecto, pasaría a costar US$ 700 millones, según cálculos de Autodema.
Las modificaciones al contrato de concesión inicial, así como las marcha y contramarchas en las diferentes gestiones regionales, sobre todo en la última, han colocado en una situación complicada y desventajosa al Gobierno Regional de Arequipa, que ha sido aprovechada por la concesionaria para poner en marcha el proceso de resolución del contrato, invocando incumplimientos del gobierno regional y anunciando la demanda de 220 millones de dólares por los perjuicios ocasionados en el proceso. En el fondo, esta medida busca ocultar la insolvencia técnica y financiera para cumplir con las obligaciones de la concesión, además de las dificultades que representa la inestabilidad de nuestro sistema político, donde persiste la confrontación entre el Parlamento, el Ejecutivo y otras instancias del poder. Son factores que podrían pesar en contra de la región en un posible arbitraje.
Otro tema importante, aunque no ha ocupado los titulares en los medios, es el referido al diseño centralista del proyecto a cargo de Proinversión, sin participación de las fuerzas vivas de la región, y con un modelo de adjudicación que busca recuperar la inversión mediante la subasta de lotes de 200 hectáreas, supuestamente para superar el error cometido en la primera etapa, donde se adjudicaron parcelas de 5 hectáreas. Un diseño así, pensado exclusivamente en la agroexportación y en la intervención de grandes inversionistas, no corresponde a las condiciones de la región ni a las demandas estratégicas del desarrollo regional y nacional, pues ignora el rol de la agricultura familiar y la necesidad de enfrentar los retos de la seguridad alimentaria.
Así las cosas, ahora lo que se requiere son los mayores esfuerzos para evitar que esta gran esperanza se convierta en una nueva frustración, para lo cual se demanda: una adecuada y eficiente defensa jurídica del Estado en los tribunales; la reformulación del proyecto en función de las necesidades estratégicas del desarrollo y con participación de las fuerzas regionales; y la realización de una nueva licitación internacional que elimine los vicios del modelo de asociación público privado, que ha sido fuente de corrupción en nuestro país.
desco Opina – Regional / 18 de febrero del 2022
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