Las últimas semanas hemos asistido a numerosos debates sobre la situación del proyecto Majes Siguas II; asimismo, se ha publicado diversa información sobre las gestiones que se vienen realizando por distintas instancias públicas para hacerlo realidad, sin que a estas alturas tengamos la certeza de cuál será el futuro del proyecto, paralizado por varios meses en medio de tires y aflojes institucionales.
El gobierno nacional, a través del Minagri, mostró su disposición para destrabar el proyecto proponiendo la suscripción de un convenio que transferiría la titularidad del mismo al ministerio. Sin embargo, esta propuesta fue desestimada por el Consejo Regional de Arequipa, pese a que el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, se manifestó a favor de aceptar la entrega del proyecto a través de un convenio al Ejecutivo.
Pero, más allá de los aspectos políticos en la definición de la ejecución del proyecto, son de mayor preocupación los aspectos técnicos que se están soslayando con el tiempo y el impacto económico que está acarreando esta falta de decisión.
Respecto al primer punto, la empresa Cobra –concesionaria del proyecto– activó el mecanismo de caducidad del contrato para rescindirlo mediante una carta dirigida al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), en la que se señala, además, la cuantiosa afectación económica por la que podría exigir una compensación de 66 millones de dólares por daños y perjuicios. Sin embargo, tras la aprobación en el Pleno Agrario de la ley de garantía soberana para destrabar el proyecto Majes Siguas en Arequipa –que ayudaría a viabilizar los recursos para costear los 104 millones de dólares de la Adenda 13–, la empresa habría reconsiderado su decisión, según Gregorio Palma, Gerente General del GRA.
Respecto al segundo punto, agricultores y diversos especialistas se han pronunciado advirtiendo los riesgos de la entrada en funcionamiento de Majes Siguas II por el estado en que se encuentra la infraestructura de túneles y canales de la primera etapa; que requeriría un mantenimiento importante ante la existencia de filtraciones y deterioros que serían un peligro ante el hecho de transportar casi el triple del actual volumen de agua de 12 m3 que discurren por esta infraestructura. Adicionalmente, desde el punto de vista legal, opiniones de expertos señalaban que el contrato de concesión suscrito, establecía claramente la responsabilidad de la concesionaria para los casos en que hubiese cambios en los diseños.
Pero en este tiempo de inmovilidad también ha surgido un nuevo problema: la legalidad de los terrenos. No sabemos a ciencia cierta si es que el GRA terminó de sanear la totalidad de terrenos donde se construirá la presa de Angostura. Sumado a ello, un conocido ex dirigente social del Cono Norte de Arequipa reapareció reclamando la adjudicación de terrenos dentro del proyecto, alegando estar bajo posesión de la Asociación Pampas Bayas, y que incluso ha cambiado su domicilio para hacer más creíble su reivindicación. En el fondo lo que persigue, es lograr un trato como el que consiguieron los pobladores de la comunidad de Pusa Pusa, que accedieron a ceder sus terrenos donde se construirá la represa a cambio de terrenos en Majes.
Esta maraña de problemas impide ver un asunto de fondo: la adjudicación de tierras del proyecto, previsto en lotes de 200 hectáreas, lo que no permitiría el acceso a agricultores, sino a conglomerados empresariales de alimentos y de la agroexportación. Este hecho lleva a cuestionarnos para quién trabaja el Estado con este proyecto, ¿para la población o para los privados? ¿Para quién es el megaproyecto por el que el “pueblo arequipeño” lucha? Lo que proponemos es un cambio de sistema de adjudicación a un sistema mixto, que también permita la entrada a la pequeña agricultura. Sí, es cierto que el proyecto generará empleo, pero de qué calidad, cuando sabemos que los empleados de la agroexportación están sujetos a un régimen laboral especial que aunque ha sido mejorado en el último año, aún dista mucho de proteger los derechos plenos de los trabajadores.
Según las últimas noticias, el destino del proyecto se resolvería en estos días. El gobernador ha pedido una audiencia con el presidente Vizcarra, la ministra de Economía, y el ministro de Agricultura; el asunto de la cita: obtener un crédito por 104 millones de dólares para ejecutar la Adenda 13 solicitada por Cobra, adenda que hasta ahora no ha sido dirimida por un ente especializado de alto nivel.
Así, con este nivel de indefiniciones en pro del desarrollo de los habitantes, una carencia de visión estratégica y la falta de «muñeca» para negociar con el contratista, Majes Siguas II es cómo el juego: nadie sabe para quién trabaja.
desco Opina – Regional / 30 de octubre de 2020 descosur
