La incertidumbre es la marca distintiva de estos días previos a la fiesta nacional. Mientras el plazo para la reforma política se acaba y la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República se aproxima, la conflictividad social y los malestares de diversos sectores de la población se amplían y parecen radicalizarse. Simultáneamente, las noticias de Lava Jato evidencian la complejidad y la ambigüedad de un proceso en el que la opacidad es un riesgo creciente. En este escenario, el Ejecutivo, tras un año de usar el capital que ganó con el discurso de la reforma y la anticorrupción, aparece cada vez más presionado por el malhumor que crece entre la gente y por el estancamiento de la economía.
La próxima semana, el Parlamento tendrá que mostrar sus resultados en materia de reforma política. Hasta ahora, con tres de las seis propuestas del Ejecutivo relativamente consensuadas, es claro que distintos temas ásperos –la democracia interna en los partidos, la paridad y la alternancia, así como la inmunidad parlamentaria, por citar algunos– difícilmente llegarán a buen puerto y teóricamente pondrán a prueba la disposición del Ejecutivo de volver a tensar el tema de la confianza. En esta pugna, la elección de la nueva conducción del Legislativo, sería una eventual válvula de escape y un canal de negociación. Todo indica que el mejor escenario para el fujimorismo sería el de una directiva presidida por un acólito –empezando con Olaechea, casi un representante, tienen varios aspirantes– que incluya su participación; el peor, aunque difícil de imaginar, sería su exclusión total y la reelección de Salaverry. Al final, lo más probable es que una versión «light» del primer camino, Juan Sheput o Víctor Andrés García Belaunde, por ejemplo, calmen las aguas del descontento palaciego por el bloqueo y/o la desnaturalización de algunas de sus propuestas.
En este escenario, los malestares que se evidencian tienen nuevas voces. Los empresarios aparecieron con el pronunciamiento de CONFIEP. Preocupados aún por el control de daños al que los obliga Lava Jato, evaden pronunciarse claramente sobre el enfrentamiento entre ambos bandos, reconocen a regañadientes la necesidad de las reformas (política y judicial) y reivindican simultáneamente la autonomía y la competencia del Congreso. Como siempre pragmáticos, en el río revuelto de los malestares demandan la lealtad con el modelo: mantener sus ventajas tributarias, más flexibilidad laboral y, ahora, la aprobación final de Tía María, mientras sectores de ellos, con Roque Benavides a la cabeza, acarician la posibilidad de saltar a la política el 2021.
Como es obvio, no son los únicos. El conflicto de Tía María se prolonga y el gobierno está lejos de encontrar una fórmula para atender una situación que dejó caminar por su impericia. Atrapado entre grupos significativos de la población que simplemente no quieren presencia minera, por un lado, y de otro, una empresa, los gremios empresariales, así como un número considerable de formadores de opinión pública que presionan por el proyecto; convertido en símbolo del futuro del modelo, pero también del gobierno. Por cierto, no es el único dolor de cabeza en la materia. La paralización y movilización de 54 federaciones indígenas de 12 cuencas amazónicas del circuito petrolero de Loreto, también está lejos de solucionarse.
Como no puede ser de otra manera, Lava Jato sigue en las primeras planas. Las evidencias sobre la corrupción en el gasoducto del sur, reveladas inicialmente por un periodista ecuatoriano, se fueron incrementando con el correr de los días. La defensa de la Fiscalía, mediático allanamiento de la casa de Humala incluido, no alcanzó para encubrir la opacidad de lo actuado por el Ministerio Público y evidenció, por si hiciera falta, la poca credibilidad de Odebrecht, alentando una vez más, las voces que claman contra el acuerdo de colaboración, suscrito por la compañía brasileña. Aunque la captura de Toledo, y seguramente su posterior libertad bajo fianza, calma por un rato a la platea, es claro que no alcanza para tapar las nubes que cubren todo el caso.
Así las cosas, es claro que al Ejecutivo se le acabó el primer tiempo del partido que planteó. Las reformas y la lucha anticorrupción, como fueron propuestas, están ya al borde de su agotamiento. El segundo tiempo está próximo a iniciarse y el 28 de julio, el mandatario en su discurso al país, debiera dar el pitazo inicial, rumbo al 2021, su objetivo más claro desde que empezó su gestión. Reformas y anticorrupción seguramente continuarán. Pero la agenda tendrá que incorporar, sin duda alguna, la economía y los conflictos sociales. El Presidente tendrá que decir algo sobre ambos temas y los empresarios ya hicieron público su pliego de reclamos y propuestas, cierto que sin considerar que ellos son parte de los distintos problemas que diagnostican y de otros, como la corrupción, que no mencionan.
desco Opina / 19 de julio de 2019
