Que el suicidio de Alan García no delineaba heroísmos ni cobardías, lo prueba el hecho de que días después, finalizada la Semana Santa, rápidamente los peruanos y peruanas volvimos a nuestras tribulaciones cotidianas que, como muestran incansablemente las encuestas desde hace décadas, pasan por cuestiones sideralmente lejanas a los políticos y los medios de comunicación. Hubo consternación, claro que sí, pero no duelo.
Fue un hecho personalísimo capaz de ser explicado únicamente por el psicoanalista del expresidente. Todo lo demás que se diga, sólo expresa frustraciones, deseos no cumplidos, aspiraciones personales y un largo etcétera que no quieren tomar en cuenta que el referente simplemente, ya murió.
Asimismo, el acto cometido por el expresidente no alterará el rumbo que han adoptado las acciones judiciales ya programadas. Se llevan a cabo los interrogatorios previstos con Jorge Barata y otros, esperando cuánta novedad traerán ante lo que ya se sabe. Pero, eso sí, pase lo que pase, ya no se enjuiciará a Alan García ni se le encarcelará si se probara su culpabilidad: el símbolo per se de la corrupción en la mente de la gran mayoría de peruanos ya salió del juego, así no nos guste. Por supuesto, como se adelanta desde ya, quedará el consuelo del «triunfo moral», ese gran artífice de la historia nacional.
Entonces, decíamos, hemos vuelto a la normalidad y nada mejor que constatando los problemas recientes que tiene el Ejecutivo para gobernar, como se evidencia, entre otras situaciones, en la forma que está adoptando lo que acontece alrededor de Las Bambas.
Al respecto, una cuestión es cómo se manejan los desafíos que puedan poner sobre la mesa aquellos con quienes se está negociando, en este caso los dirigentes de las comunidades campesinas, pero otra muy diferente, es cómo se manejan los desatinos propios.
A estas alturas, no debe caber duda en el Ejecutivo que haber propuesto la presencia del Poder Judicial y el Ministerio Público en las negociaciones, luego de que se le exigiera la liberación de los dirigentes campesinos y asesores presos, fue un tremendo error, por decir lo menos. Desde ya, Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, ha subrayado que la resolución de la actual tensión pasa por la liberación de las personas referidas, mediante una amnistía que debe ser procesada en el Congreso. En otras palabras, descoloca al Ejecutivo, agregando un nuevo actor estatal al escenario conflictivo.
Por ahora, Las Bambas deja de ser un conflicto circunscrito a los impactos sociales ocasionados por la actividad minera y ha tomado visos eminentemente políticos, donde los dirigentes campesinos parecen desenvolverse con bastante más propiedad que los representantes del Estado peruano. El mar no tan de fondo de todo esto es que la paralización del referido proyecto, pone en duda las modestas cifras de crecimiento que se han propuesto las autoridades para el presente año.
En este escenario, empiezan a quedar atrás las dudas y emergen certezas sobre la reforma política que tan buenos réditos diera al presidente Vizcarra en el primer tramo de su administración. Todo parece indicar que la modorra y el desinterés sobre estos asuntos no son privativos del Congreso, sino compartidos por el Ejecutivo.
Tras haber presentado al Legislativo doce proyectos de ley el pasado 10 de abril, no parece existir entusiasmo alguno para aligerar su aprobación. Al respecto, la premura en su presentación se justifica en tanto parte importante de las propuestas necesitan reformas constitucionales que deben iniciarse inmediatamente, para tener afianzado el marco normativo electoral y de partidos políticos el 2021. Por esta vía el Ejecutivo apenas salva su responsabilidad en las formas.
