En noviembre pasado el Congreso de la República aprobó por unanimidad la creación de la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao – ATU, con el objetivo de contar con un sistema único e integrado que ayude a acabar con el caos imperante en materia de transporte en la ciudad. Para dar operatividad a este nuevo organismo se propuso dar un plazo de 60 días para que el Ejecutivo aprobara la ley, y 120 días como máximo para aprobar el reglamento de operación y funciones.
Para lograr los objetivos propuestos, el último día del año pasado, se aprobó la conformación del equipo técnico de trabajo para la denominada «Mesa Ejecutiva de Tránsito y Movilidad Urbana para el Desarrollo del País» con miras a generar un espacio de diálogo y de formulación de propuestas de manera participativa entre el sector público y el privado. Este espacio tiene un carácter temporal y aún no ha demostrado las bondades de su conformación, pese a que los temas de educación vial y el aporte que deberían dar en la implementación de la ATU son sus objetivos primordiales.
En esa coyuntura y a pesar de las buenas intenciones de parte del Gobierno Central y del Metropolitano de Lima, la Municipalidad Provincial del Callao pretende presentar una acción de inconstitucionalidad antes de que venza el plazo para que las municipalidades de Lima y Callao cedan bienes y recursos a la nueva Autoridad de Transporte Urbano, el cual se cumplirá el próximo 28 de marzo.
El sustento de la comuna chalaca se basa en que no solo se le transferirán funciones a la ATU, sino también, bienes y fondos que actualmente forman parte del patrimonio municipal. En ese sentido, cabe preguntarse si actualmente las competencias y funciones que desempeña la comuna chalaca, benefician de manera integral al problema del transporte que vivimos día a día en el conurbado Lima – Callao; por ello es que el reclamo nos parece poco serio y más aún desatinado, pues podría retrasar la eternamente esperada reforma del transporte urbano en nuestra ciudad.
Si bien el pasado 8 de marzo se aprobó el reglamento de la ley que crea la ATU, habrá otros 90 días adicionales para lograr unificar el sistema en aspectos referidos a integración física, operacional, tarifaria y de medios de pago del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Falta mucho camino por recorrer para lograr una verdadera reforma del transporte urbano en la capital y esto se ve reflejado cuando a diario aparecen noticias sobre las horas perdidas en el tráfico de la ciudad, los accidentes que se registran cotidianamente con saldos lamentables o situaciones insólitas como las cometidas por «la bestia de Petit Thouars».
Todo esto debería llevarnos a reflexionar acerca de lo que representa el caos y desorden urbano en nuestra ciudad, y que de hecho está relacionado –lo afirmamos– a la naturalización que hemos asumido como ciudadanos de esta metrópoli, en la que el transporte subestándar es algo aceptado como la única manera de dar solución a nuestro problema de movilidad. En ese sentido, también podemos afirmar que una parte importante de la solución del problema radica en la capacidad que tenemos todos los que vivimos en la ciudad de exigir nuestros derechos.
Una mayor calidad en el servicio de transporte que actualmente nos brinda la ciudad no se solucionará solamente con las buenas intenciones y la unificación de los mecanismos de control estatal, sino que exige también, la movilización social y la protesta pública si la reforma no se concreta, porque si no asumimos el compromiso, contribuiremos a que «la bestia» siga circulando por toda la eternidad.
desco Opina – Regional / 22 de marzo de 2018
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