Como era previsible, los temblores empezaron a acechar al nuevo gobierno apenas días después del voto de confianza a su Gabinete. El Presidente de la República debe haber descubierto ya, que el nuevo «estilo» de comunicación con la gente –viajes, visitas y gestos que lo acercan a la gente de a pie–, tiene un techo muy bajo. Más bajo todavía, cuando desde su propio equipo, se hacen méritos para evidenciar su debilidad y su falta de norte en temas que son cruciales para el país, como lo demuestran dos hechos recientes.
El triste espectáculo para desprestigiar al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) promovido por el congresista Edwin Donayre, apareció como el «disparador» de una campaña, seguramente organizada desde el fujimorismo, destinada a construir la nueva narrativa que necesitan del conflicto interno y de su rol; reescribiendo la historia reciente del país y sellando en el camino su alianza con sectores militares y empresariales, distintos grupos católicos y evangélicos ultramontanos, así como algunos periodistas, para allanar el camino neoconservador y autoritario que buscan entronizar el 2021. Más lamentable aún la deplorable reacción de la Ministra de Cultura que en su afán por lavarse las manos, terminó inclinándose en el Congreso ante un grupo desbocado de congresistas, que hicieron evidente la operación en curso. Perdió ella, pero también el gobierno todo, que se desentendió del ataque.
Simultáneamente, tuvimos la minicrisis provocada por el Ministro de Economía tras su presentación el martes 15 ante la Comisión de Economía, donde adelantó que se pensaba cobrar el Impuesto a la Renta a partir de un ingreso mensual menor al actual para ampliar la recaudación en 600 millones de soles anuales, que provocó un corto circuito en el Ejecutivo, ante la multiplicación de las críticas. El Premier y el propio Presidente, finalmente, tuvieron que salir al frente y echarle agua fría al responsable del sector que pretendía levantar menos del 0.1% adicional del PBI, en un escenario en el que el mismo Fernando Tuesta advirtió que las exoneraciones tributarias, que benefician a los más ricos, alcanzan los 16 500 millones de soles, mientras la evasión, supera los 60 000 millones. El daño, sin embargo, ya estaba causado.
Con un gobierno que muestra tan pronto tal debilidad e impericia, cabe preguntarse por su futuro inmediato y por las fortalezas que contribuyan a su sobrevivencia, máxime cuando las protestas y paralizaciones contra las medidas adoptadas con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), se iniciaron ya en el sur. Antes que ajustar números más o menos, el gobierno debió exponer el desastre tributario que encontró, las enormes trampas que representan los contratos con excepciones tributarias que se realizaron en el pasado con las grandes empresas –no sólo las mineras–, mostrando que en esas condiciones ningún país puede enfrentar la pobreza y la desigualdad. Su debilidad «de origen», pero también su compromiso con el modelo, lo llevan a evitar esta confrontación eminentemente política, optando por «administrar» la cosa pública buscando imposibles equilibrios minimalistas.
Todo indica que el capital mayor del Ejecutivo radica en las debilidades de las principales fuerzas políticas del país, interesadas antes en reordenarse para enfrentar el 2021 con posibilidad de éxito electoral, que en hacerse cargo de un país con signos crecientes de agotamiento y descomposición. El fujimorismo, que aparece en este escenario como la fuerza principal que condiciona al gobierno, permanece enredado en sus propios dilemas. Keiko Fujimori, empeñada en poner orden y reescribir la historia del país y de su padre para aparecer como la cara «democrática» de una amplia alianza neoconservadora, está atrapada por su esencia autoritaria y sus vínculos con la corrupción, pero también por su necesidad de continuar controlando el Congreso.
Las amenazadoras declaraciones del Presidente de ese poder contra los medios que osaron preguntar por la compra de frigobares, televisores y computadoras a través del mecanismo de adquisición directa, no dejan lugar a dudas, como tampoco lo dejan los esfuerzos de algunas de sus figuras más visibles e importantes, Miguel Torres y Úrsula Letona, por impedir que las cooperativas, sospechosas de facilitar el lavado de activos, sean supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Las recientes declaraciones de su candidato a gobernador regional de Junín, sosteniendo que exmilitantes del MRTA y Sendero Luminoso (SL), hoy lo hacen en Fuerza Popular, son apenas la cereza del pastel de los múltiples discursos y rostros naranjas.
Como la situación de las otras fuerzas políticas presentes en el Congreso no es mejor, el Ejecutivo en el corto plazo, respira con cierto alivio, pero puede terminar rápidamente, de multiplicarse los malestares de la gente y/o los miedos de los empresarios. La inminencia del mundial de fútbol y la novela de Paolo Guerrero lo ayudan a plazo fijo. Sin embargo, después de estos días, queda claro que si no son capaces de mostrar resultados de su gestión en un par de meses más; si no consiguen avanzar en una agenda de prioridades de la que carecen y continúan evidenciando su desarticulación como gobierno y la precariedad de sus operadores, se les agotará el oxígeno. En esa situación, para sobrevivir, sólo les quedará convertirse en un gobierno zombie.
desco Opina / 25 de mayo de 2018
