Recientemente, el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, declaró que una de las prioridades del sector es elevar la calidad de vida del productor agrario, contribuyendo a la reducción de la pobreza rural. Su meta: elevar el ingreso del productor en 30% al 2021. Para alcanzarla, anunció el próximo lanzamiento de diversos planes agrarios; sin embargo, en este paquete no se incluyó ninguno vinculado al manejo y a la crianza de camélidos sudamericanos, actividad de la cual dependen alrededor de 114 mil productores y sus familias, 99% concentrados en los departamentos de los Andes centrales y de la sierra sur. A esta omisión se suma el retraso en la implementación del Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos (INCAS, Ley 30674)
Según el cronograma establecido en la referida norma, se encargó al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) su promoción e implementación. A finales de este mes vence el plazo para su creación, y ni siquiera se ha formado la comisión de cinco personas –que debió instalarse el pasado mes de diciembre– con el fin de promover su implementación. Menos aún se ha discutido el desliz –por decir lo menos– de haber supeditado su creación a la constitución de una Asociación Público-Privada, condición que haría que su propósito sea inviable: ¿Cuál es el actor privado (léase empresarial) que quiera y pueda financiar el INCAS?
En la línea de los compromisos del MINAGRI, el mes pasado se realizó en Arequipa el Seminario Nacional sobre Mejoramiento Genético de los Camélidos Sudamericanos, un encuentro que ha permitido que la comunidad científica proveniente de diferentes ámbitos (academia, expertos internacionales, ONG, empresas), autoridades del sector y productores altoandinos, discutan una vez más sobre los parámetros genéticos que deben establecerse para el manejo de alpacas y llamas. A diferencia de otras oportunidades, a partir de este evento el Ministerio se ha comprometido a impulsar la creación del Programa de Mejora Genética de Camélidos Sudamericanos Domésticos, reformulando la normatividad vigente. Según los plazos acordados, en agosto se debería aprobar el programa y en setiembre nombrar al ente que lo conduciría. A pesar de toda la disposición que hemos visto de la Dirección General de Ganadería, nos preocupa que este programa no sea parte del discurso institucional del ministro. Sabemos que en nuestro país dependemos de la voluntad política para que se aprueben las reformas que necesitamos.
Hace poco leímos con interés un proyecto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para clonar embriones de alpacas con la finalidad de que puedan gestar dos animales, pues las alpacas sólo tienen una cría al año. La iniciativa es positiva, como lo es la reproducción asistida por inseminación artificial; sin embargo, ello no resuelve el problema de base: tener un programa de mejora genética que pueda ser implementado desde el contexto campesino, con una inversión mínima y de fácil aplicación por los criadores, que le permita a la larga tener rebaños con fibra más fina. Para estos fines son necesarias las políticas de Estado y el compromiso de sus autoridades para llevarlas adelante.
Por otro lado, también nos preocupa la falta de medidas claras para el aprovechamiento de la fibra de vicuña de parte de los pobladores que se encargan de su conservación. Si bien desde el sector se han otorgado facilidades que simplifican los procedimientos para desarrollar las actividades de conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de estos camélidos sudamericanos silvestres, casi nada se ha hecho por regular la comercialización. Los comités conservacionistas negocian la venta de manera individual, y ello hace que pierdan capacidad de negociación frente a las empresas de alta moda que la demandan en el exterior. Esto ha ocasionado la caída del precio de la fibra, que en los últimos años pasó a cotizarse de U$ 1000 a U$ 280 dólares por kilo, monto al que se oferta actualmente.
Hay que efectuar un seguimiento continuo al sector camélidos, pero esta iniciativa debe partir desde las mismas organizaciones de productores que –dejando de lado los problemas internos por los que atraviesan– deberían afinar la puntería y resolver con premura este problema de base. No debemos dejar que esta vez, como se dice popularmente, se nos escape la liebre.
Desde luego, hay que ser conscientes de que se trata de un sector internamente diferenciado, que incluye un reducido grupo de criadores con capacidad de acumulación e inversión tanto en este como en otros sectores, lo que obliga a diseñar políticas también diferenciadas, cautelando sobre todo al mayoritario sector de criadores pobres, para quienes un mercado oligopsónico, y con notorias fallas como el actual, les bloquea posibilidades de capitalizarse. Es a ellos a quienes las políticas públicas no deben olvidar.
desco Opina – Regional / 18 de mayo de 2018
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