El pedido del voto de confianza que hiciera el gabinete Zavala el 13 de septiembre pasado, en teórica defensa de la política pública de educación, abrió una nueva confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que finalmente ha concluido en este capítulo con la designación de uno nuevo, presidido por Mercedes Aráoz. Durante cuatro días, la minoritaria porción del país preocupada por la escena oficial –40% de los encuestados por IPSOS para El Comercio consideraban estar informados de la solicitud– pareció aguardar preocupada un choque de trenes. Por un lado, el Ejecutivo que parecía siete meses tarde, dispuesto a amagar con el cierre del Congreso; del otro, el fujimorismo, que tras la sorpresa inicial, y ya golpeado por el fallo del Tribunal Constitucional, respondía dispuesto a la confrontación y acusaba al gobierno de provocación.
Los coletazos de la larga paralización magisterial y la pésima gestión gubernamental de la misma, aparecieron así como una amenaza «dramática» para la gobernabilidad del país. Nadie entendía bien las motivaciones y las circunstancias que llevaron al Ejecutivo a jugar una carta aparentemente tan alta, máxime tratándose de un gobierno que muy pronto hizo de la debilidad su divisa. Las especulaciones, que fueron muchas, se sustentaban en las supuestas debilidades y limitaciones de la bancada fujimorista, alentadas por el comportamiento reciente de Kenji Fujimori y la decisión del Tribunal Constitucional. Desde la agrupación naranja, «apoyados» por el altisonante congresista Mulder, con la conciencia clara de la precariedad del mundo ppkausa, de su débil relación con la gente, su carencia de cuadros políticos y su nula organización, siguiendo su «tradición», respondieron convencidos de que el poder es la única verdad, decidieron seguir jugando hasta el final con el miedo permanente del Ejecutivo.
La designación del nuevo gabinete volvió las aguas a su nivel. Los cambios realizados son apenas cosméticos. Garantizan la continuidad de las políticas públicas que comprometen el modelo y que más allá de estilos, matonescos o disfrazados de buenas maneras, hermanan a ambos trenes. Aseguran además, el abandono de las dimensiones liberales que trataban de mantener en algunas de ellas, como la tan manipulada y vilipendiada supuesta ideología de género, presente en la reforma educativa, contra la cual se han pronunciado en distintas oportunidades los nuevos ministros Vexler y D’Alessio. En otras palabras, anuncian la voluntad del endurecimiento del modelo y sus políticas, y el fin de los limitados guiños liberales.
A fin de cuentas, mucho ruido para esas nueces; varios de los congresistas más vociferantes hasta el fin de semana, desde el domingo, anunciado el nuevo gabinete, se distendieron y empezaron a «pagar por ver», si no, a encontrarle virtudes a un equipo ministerial que es más de lo mismo y por lo tanto peor. Los representantes gubernamentales olvidaron rápido que el fundamento que daban para el voto de confianza era la defensa de la política pública de educación; ahora aplauden a un ministro que fue permanente crítico de ésta y defensor sistemático de los privados.
Se ha logrado entonces un precario «equilibrio estratégico» entre ambos poderes. Con guiño incluido a Alan García y a Kenji Fujimori con la salida de Marisol Pérez Tello opuesta abiertamente al indulto, así como con la designación de Enrique Mendoza, abogado que conoce los distintos vericuetos, virtudes y defectos del Poder Judicial, quien será clave para el uso de esa última carta de PPK, pero también para el manejo de la política anticorrupción y la gestión del caso Lava Jato, que tiene preocupados a varios de los actores de esta película, en donde hasta el momento el único que sigue perdiendo es el país.
La calma chicha resultante durará algunos meses. Desde el fujimorismo congresal ya se aseguraron que no habrá bancada kenjista y ahora buscarán blindarse de los cada vez más limitados «sustos» que pueda darles el Ejecutivo. Es claro que no van por la vacancia en el corto plazo, pero también es evidente que no permitirán que el 2021 se les aleje. Desde el Ejecutivo, con el indulto como eventual último recurso, sólo les queda resignarse a la difícil relación con el más grande de la clase que seguirá deshojándolos a voluntad de acuerdo a sus necesidades.
Más profundamente y por debajo, superada la crisis de gobierno, la crisis de régimen político –que no les interesa ni a los unos ni a los otros– continúa, mientras el modelo que defienden sigue dando evidencias cotidianas de su agotamiento.
desco Opina / 18 de setiembre de 2017
