La huelga en sí misma, desatada en el Cusco, en su plataforma nacional de lucha, expresa tres demandas principales: la mejora de los sueldos, el pago de la deuda social y su rechazo a la evaluación de docentes como instrumento de despido de maestros. A eso deben sumarse en el proceso de la huelga el pliego maximalista añadido por dirigencias regionales radicalizadas que demandan la derogatoria de la ley de reforma educativa y magisterial, y la derogatoria del Decreto Supremo que restringe ciertos derechos de los profesores procesados y/o sentenciados por delitos de terrorismo.
El Ministerio de Economía y Finanzas informó que en el año 2010 el gasto anual por alumno fue de 1580 soles en primaria y que actualmente se elevó a 2600 soles. El caso es similar en secundaria donde se aumentó la inversión; sin embargo, aun así, Chile gasta cinco veces más que el Perú en ello. Resolver el déficit de infraestructura educativa en nuestro país, por ejemplo, requiere de más de 18 mil millones de dólares. Un informe del Instituto Integración revela que el 25 por ciento de las edificaciones educativas demandan ser sustituidas completamente, que siete de cada diez colegios rurales no cuentan con servicios de agua y desagüe y 25% no recibe energía eléctrica, mientras que nueve de cada diez instituciones carece de acceso a internet.
Esta gran huelga magisterial ha mostrado al país una realidad en verdad conocida por todos los padres de familia vinculados a la educación pública, situación que se agrava cuando se expone también el agotamiento institucional y de representatividad del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (CEN SUTEP) como interlocutor pleno.
Su impacto movilizador ha sido muy grande, involucrando a más del 60% del magisterio y ha mostrado también el enorme fraccionamiento en el que se encuentra el sindicalismo magisterial que aparentemente estaba liderado y conducido por Patria Roja. Hoy queda claro que existen muchos grupos regionales que siguen distintas vertientes de Pukallacta, CONARE y Conare-Movadef dificultando ciertamente la interlocución y el diálogo con el gobierno nacional y los gobiernos regionales.
La importancia de esta protesta en la actual coyuntura muestra al mismo tiempo el descontrol político interno, en el que los principales poderes del Estado no dialogan ni ofrecen propuestas de solución concertadas a las demandas y reivindicaciones sindicales, lo que presagia una ola radical que no puede ser organizada ni aglutinada; y las maneras fallidas de hacer política en el país, fraccionado en territorios regionales y municipios. Fraccionamiento que en el trato podría llevar a una explosión impensada que empieza a preocupar, en otra dimensión a diferentes actores nacionales como el mundo empresarial, principalmente los gremios mineros, los agroexportadores y la propia Confiep.
Ante este escenario entendemos la urgencia de cambiar las lógicas políticas, de apostar por mejorar la concertación entre los peruanos, trabajar seriamente en la inclusión social, mejorando nuestra conectividad real para enfrentar una realidad que no encuentra una masa crítica de peruanos que vaya más allá de la política cortesana parlamentaria, que a decir verdad no ha conseguido enfrentar exitosamente la demanda de contar con un proyecto nacional viable. Al vernos así a las puertas del bicentenario de nuestra fundación republicana, constatamos lo poco que hemos avanzado para consolidar al Perú como una colectividad democrática y viable para el conjunto de sus ciudadanos.
desco Opina / 18 de agosto de 2017
