Tras el envío del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo al Congreso de la República, los reflectores apuntan a este poder del Estado para conocer su decisión, mientras el Presidente de la República –fiel al estilo que explica su popularidad– negocia recursos para inversión de «civilización» a «civilización» en China, se da tiempo para criticar la eventual anulación de la segunda vuelta electoral propuesta por Velásquez Quesquén, o la consulta ciudadana que el cardenal propone a propósito de la píldora del día siguiente y la unión civil.
En el Congreso, por su parte, la Comisión de Constitución decidió enviar las propuestas a 10 comisiones, dándoles un plazo de siete días para que revisen y opinen sobre los pedidos del Ejecutivo, abriéndose el espacio para un nuevo peregrinaje de los distintos ministros por la Avenida Abancay y en nuevas reuniones entre el Premier Zavala y las distintas bancadas. Aunque todo indica que finalmente se aprobarán por mayoría buena parte de las facultades legislativas solicitadas, ya es claro que algunas, como la reducción de un punto del IGV, pueden no ser concedidas.
Mientras el aparente pulseo en esta materia entre la mayoría congresal y el gobierno de PPK seguirá su curso varios días más, pareciera que bajo la mesa se intentan distintos arreglos. La elección del Defensor del Pueblo, sorprendentemente propuesto por Víctor Andrés García Belaunde, finalmente sancionada desde Palacio de Gobierno que ordenó votar a su bancada por el candidato apoyado por el fujimorismo, fue un indicio que dividió en la votación a la bancada oficialista.
Las posteriores e imprudentes designaciones del Director de Certificación Ambiental del SENACE y del nuevo jefe de la DINI, ambos ligados hasta no hace mucho a importantes empresas mineras, sin que la mayoría opositora diga ni pío, definitivamente da que pensar, más aún cuando esa misma mayoría parece interesada en que el Congreso designe distintos cargos públicos, CONCYTEC incluido.
En este juego de una eventual cohabitación en el gobierno de quienes comparten el modelo económico y la continuidad como base dura de esa posible relación, la precariedad de nuestra institucionalidad se expresa cotidianamente. Si la bancada de Peruanos por el Kambio crujió con la elección de Walter Gutiérrez y el APRA se desmarca de Velásquez Quesquén en su afán de facilitarle el 2021 a Keiko Fujimori, las disputas en el Frente Amplio entre un «ausente» Arana y el sector que cierra filas con Verónika Mendoza, ocuparon el espacio, las más de las veces alborozado e interesado de los medios de comunicación mayoritarios. Las diferencias también llegan a Fuerza Popular, y las disputas entre las congresistas Letona y Vilcatoma no pueden esconder la procesión que va por dentro. Hasta Acción Popular desnuda sus pleitos internos ante el Jurado Nacional de Elecciones y los evidencia en el Congreso.
En ese estado de cosas, el apuro por sacar la ley sobre el transfuguismo, no parece casual. Como tampoco lo parece el conflicto abierto por el desprestigiado Consejo Nacional de la Magistratura, interesado en tener mayor control sobre el Poder Judicial, y afectado diariamente por muchos de los fallos de sus integrantes. Así, también por debajo o al lado de las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, asistimos a disputas y pechadas en otros poderes del Estado, que como a los partidos políticos, parece no importarles su rol y su responsabilidad en el fortalecimiento de nuestra precaria institucionalidad.
Las facultades legislativas, mal que bien se votarán los próximos días. Más allá de las disputas que las mismas traen aparejadas, el norte último del gobierno y la mayoría, es el mismo: la continuidad del modelo. Las diferencias siguen siendo de modales y de tonalidad. Fue una congresista fujimorista la que intentó desvirtuar con una propuesta legislativa la consulta previa, viéndose obligada a retroceder. Es el gobierno el que nombra en SENACE un funcionario de reciente pasado minero, viéndose obligado también a retroceder. Son los temas de fondo del continuismo los que marcan la cancha en la que las diferencias se hacen cosméticas. Hará bien la ciudadanía en mantenerse vigilante sobre la entrega de facultades legislativas y sobre el contenido de las normas que el Ejecutivo pretende.
desco Opina / 16 de setiembre de 2016
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