El crecimiento de la población urbana, el centralismo estatal y la urbanización sin orientación, de tanto repetir que ocurren, parecen no llamar la atención de nadie. Pese a las frecuentes críticas de urbanistas y especialistas en temas urbanos sobre las consecuencias del déficit de planificación, el tema no ha encontrado aún su lugar en la agenda nacional.
Más allá de Lima –una de las diez urbes a nivel global que crecerán más en la próxima década– cabe preguntarse qué está pasando con las ciudades del país, principalmente con aquellas que crecen a velocidad y empiezan a encarar las consecuencias. En más de una decena de nuestras ciudades intermedias la ciudadanía y autoridades deben lidiar con algunos de los típicos problemas del crecimiento urbano acelerado no-planificado, como es la gestión de residuos sólidos, desbordada la práctica tradicional de arrojar la basura en las afueras (en botaderos o cursos de agua, muchas veces) que se ha tornado en un verdadero problema de saneamiento ambiental.
Similar situación es la que enfrentamos con el abastecimiento de agua potable y la carencia de redes apropiadas de desagüe, lo que provoca conflictos crecientes entre los usuarios, enfrentados de pronto a situaciones cuya solución requiere estudios, inversiones y plazos que las familias no están dispuestas a tolerar y que se conocen solamente cuando ocurren en Lima o las principales ciudades. Pero hablamos de un fenómeno nacional.
Ante este tipo de situaciones encontramos solamente soluciones parciales, inadecuadas y en muchos casos encerradas en el corto plazo. Esto ocurre porque hasta ahora los peruanos hemos sido incapaces de enfrentar los grandes cambios producidos por la urbanización. Acondicionamiento territorial, gestión de riesgos, abastecimiento de energía, disponibilidad de residuos sólidos, transporte urbano, manejo de áreas públicas, verdes y de recreación, calidad de la vivienda son asuntos tratados segmentadamente y de modo casi siempre localista. Y para Lima son inexistentes o irrelevantes las demandas de la población urbana del país en torno a su calidad de vida. Y en los planes de gobierno más de lo mismo, y en cualquier caso, nada sustancial como política de desarrollo.
Sin duda el ritmo de crecimiento de las urbes peruanas es mucho más acelerado que el paso de las autoridades y funcionarios públicos locales. La situación actual, ya bastante compleja puede tornarse más grave aún si no damos prioridad al acondicionamiento territorial y desarrollo urbano local y regional con el aporte de todos los actores del territorio (incluido el sector privado, gran organizador actual de los espacios urbanos).
En la actual coyuntura electoral es necesario insistir en la urgencia de atender esta agenda. La posibilidad de contar con congresistas atentos a las competencias y responsabilidades sectoriales, centrales y subnacionales en materia urbana es una oportunidad. Este es un llamado para ejercer el voto pensando en nuestros retos territoriales: ¿quiénes entre los postulantes a una curul promoverán iniciativas en favor del ordenamiento territorial, la gestión sostenible de los servicios públicos, los procesos participativos y de cogestión en la perspectiva de lograr ciudades más inclusivas y de mejor calidad para todos los peruanos?
desco Opina – Regional / 1 de abril de 2016
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