La convocatoria para elecciones generales viene apareciendo crecientemente como solución frente a la crisis política que atravesamos, con poderes institucionales debilitados como el Ejecutivo y Legislativo que evidencian similar falta de idoneidad y capacidad para gobernar y gestionar nuestro país. Este camino empezó a resonar con la presentación de la iniciativa legislativa 1893/2021-CR del congresista Pasión Dávila, que propone recortar el mandato presidencial, congresal y del Parlamento Andino a julio del 2023. La bancada de Perú Libre retrocedió en dicha iniciativa retirando sus firmas de la propuesta. Ante ello, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, retomó el proyecto de su colega sosteniendo que el mismo permite una salida constitucional a la crisis que estamos viviendo.

En este escenario la mayoría de bancadas se empeña en aferrarse a sus curules y decirle ¡No! a un adelanto de elecciones generales, manteniéndose a favor de una renuncia al cargo del presidente Castillo, dejando claro que no están dispuestos a sacrificar  sus salarios y la comodidad de los beneficios que mantienen por ser representantes, permitiendo que la crisis política entre en un bucle sin fin y en un pacto de no agresión que les posibilite al Ejecutivo y al Legislativo seguir sobreviviendo. Al medio, peruanos y peruanas nos sometemos a una incertidumbre que afecta nuestros bolsillos, conspira contra nuestra salud mental y empleo, y peor aún, resulta más grave dada la crisis alimentaria a puertas que nos angustia y puede impactarnos por la incapacidad gubernamental a pesar de ser un país rico en recursos.

No sorprende que la derecha, en nombre de su rol fiscalizador continúe promoviendo acciones como la vacancia o la renuncia del presidente Castillo; sin embargo, desde hace ya varias semanas, distintas figuras de centro izquierda exigen algún tipo de salida a esta crisis. Como es conocido, el expresidente Francisco Sagasti fue de los primeros en pronunciarse a favor de un adelanto de elecciones ante la precariedad y la opacidad de la gestión gubernamental, ayudada por el comportamiento de un poder Legislativo igualmente rechazado mayoritariamente por la población. El exmandatario propuso en ese contexto el recorte del mandato presidencial y congresal dentro de los marcos constitucionales, teniendo como condición un acuerdo sobre nuevas reglas y las reformas necesarias para no repetir la crisis actual. 

Más recientemente, el congresista del Partido Morado, Edward Málaga, se ha manifestado a favor de una nueva moción de vacancia ante la aparición de nuevos audios de Zamir Villaverde que involucran en serios indicios de corrupción al Presidente, el exsecretario Bruno Pacheco y al ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, encontrando razones suficientes para que en esta ocasión la moción prospere.

A pesar de la descomposición que se sucede ante nuestros ojos, hasta la fecha el Congreso no está dispuesto mayoritariamente a avalar un adelanto general de elecciones, pero sí a aceptar la renuncia de Castillo. Mientras tanto, siguen apareciendo audios que involucran al entorno directo de Pedro Castillo, dando la impresión de que muchos esperan que pronto aparezca alguno que lo implique directamente y termine por hundir su gobierno facilitando la vacancia presidencial.

En este marco, la moción de interpelación a Dina Boluarte, quien en cuestión de días podría enfrentar su destitución por una infracción al artículo 126 de la Constitución, facilitaría el camino de la vacancia al quedar sólo el presidente Castillo, que de ser vacado, dejaría el gobierno en manos de la Presidencia del Congreso. El ostensible y justificado desprestigio de su presidenta actual y la próxima elección de una nueva mesa directiva abre, por cierto, un nuevo espacio de incertidumbre y seguramente de nuevos intentos de componenda.

Es obvio que el hartazgo de la población por la actual clase política seguirá creciendo. El Ejecutivo y Legislativo con su lucha de poderes han terminado por sumergirnos en una desazón que viene agravándose desde años atrás y que hace que cada corto tiempo tengamos que elegir nuevos gobernantes y representantes que no dan la talla, que actúan en función a sus intereses particulares y continúan liquidando la democracia.

Cualesquiera sean las medidas que se tomen en los siguientes días respecto a la salida del Presidente, la situación nos obliga a pensar que si no existen reformas políticas que fortalezcan a los partidos y más allá de ellos al régimen político, continuaremos repitiendo la misma historia con gobernantes incapaces de asumir los retos que implica dirigir un país, con ministros y congresistas cuestionados por denuncias de corrupción, vinculados con poderes opacos y permanentes altos índices de desaprobación. Seguiremos clamando como país el adelanto de elecciones como salida a una crisis de larga duración, pero continuaremos retrocediendo en nuestra aspiración de mejores políticas que atiendan las problemáticas urgentes que la gente vive diariamente.

desco Opina – Regional / 10 de junio del 2022
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